El sorpresivo anuncio del Gobierno, de incluir la "reorganización" de Petroperú en el pedido de facultades que la próxima semana formalizará ante el Congreso, ha vuelto a despertar los fantasmas de la privatización de la mayor empresa estatal del Perú.
Así lo señaló Juan Castillo More, representante de la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú, quien cree que los derrames de crudo en la Amazonía (seis en lo que va del año), provocados por el Oleoducto Norperuano serán usados como argumento por el Ejecutivo para responsabilizar la compañía estatal de la crisis por la que atraviesa todo el sector petrolero.
Agregó que los trabajadores de la petrolera no se oponen a que se corrija lo que venía haciendo mal la administración que encabezó Germán Velásquez, pero no están de acuerdo con el pedido facultades, porque los problemas ocurridos en el oleoducto han sido, en gran parte, provocados por el vandalismo, según informó La República.
Por ello, el dirigente petrolero anunció que este viernes entregarán a todos los congresistas un manifiesto en el que expresa su rechazo a la medida anunciada por el Gobierno sobre Petroperú. Una de las razones, agregó, es que temen que se trate de una privatización encubierta, tras los graves cuestionamientos en contra de la petrolera que hicieron los ministros de Economía, Alfredo Thorne, y de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.
Durante la campaña, Thorne puso en entredicho el proyecto más importante de Petroperú: la modernización de la refinería de Talara; mientras que Tamayo dijo que las contingencias ocurridas en el oleoducto obligaban al Ejecutivo a repensar el rol de la compañía petrolera. Ambos ministros forman parte de la Junta General de Accionistas de Petroperú, es decir, pueden tomar decisiones concretas sobre el manejo de la empresa estatal.
No obstante, Juan Castillo espera que en el Parlamento se genere un debate técnico sin politización sobre el balance del sector Hidrocarburos y el papel de Petroperú.
¿Temores justificados?
El investigador Germán Alarco, de la Universidad del Pacífico, dijo que los cambios internos que necesita Petroperú se pueden aprobar en su mismo directorio, por lo que sostuvo que no entiende para qué el Ejecutivo pide facultades para reorganizar la petrolera. "Por los derrames en ninguna parte del mundo se solicitan facultades delegadas", anotó.
Alarco también señaló que en el artículo 4 de la Ley 30130 de diciembre de 2013 se estableció la necesidad de reorganizarla y para ello se realizó el estudio de Wood Mckenzie y otros como el de Deloitte sobre gestión de riesgos.
“El Congreso debe rechazar esta solicitud a menos que se detalle exactamente de qué, pero genera sospechas. De primera intención parecería que quieren borrar las conclusiones del estudio de reorganización general donde se destacaba la necesidad de fortalecer la empresa y de participar en el Upstream (exploración y explotación de petróleo) de manera inmediata”, afirmó el investigador.
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