El Pleno Congreso aprobó la noche del jueves un proyecto que modifica la Ley General del Sistema Concursal en Perú y que le otorga una prórroga de hasta dos años a empresas con procesos de disolución y liquidación en marcha, como el caso de Doe Run, que opera el Complejo Metalúrgico de La Oroya, el mayor del país, y cuyo plazo vence este sábado 27.

Así, esta norma le da a Doe Run, que está en situación de insolvencia desde el 2009, con deudas superiores a los US$500 millones y con pasivos ambientales graves, un salvavidas para evitar que entre en liquidación ordinaria, es decir,  a una venta por separado de sus activos y el cese colectivo de 2.300 trabajadores. 

¿Qué dice el proyecto aprobado?

El texto legislativo, que fue aprobado con 108 votos a favor y 5 abstenciones, es el resultado de la fusión de los proyectos del Ejecutivo y Fuerza Popular, y recoge las propuestas de otras bancadas. El Pleno del Congreso lo exoneró del trámite de la segunda votación, con 106 votos a favor y 4 abstenciones.

El proyecto le da a la Junta de Acreedores de las empresa en liquidación la opción de acordar una prórroga extraordinaria por el plazo de un año, adicional a los dos años contemplados en la Ley Concursal.

Además, permite al Gobierno, a solicitud de la Junta de Acreedores y previo informe del Indecopi, ampliar la prórroga anterior por el plazo de un año adicional vía decreto supremo autoritativo, el cual deberá señalar de manera expresa la obligación de respetar la legislación nacional vigente con especial énfasis en las normas ambientales y laborales.

En el caso de Doe Run, lo que hace esta norma es darle un plazo hasta de cuatro años para la venta de sus principales activos, que los conforman el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la Unidad Minera Cobriza, según explicó la legisladora oficialsta Mercedes Aráoz, presidenta de la comisión de Economía y segunda vicepresidenta del país.

¿Ley con nombre propio?

En el debate legislativo, uno de los cuestionamientos que se le hizo al proyecto era que se trata de un "ley con nombre propio", pero Aráoz negó que lo sea, porque -según dijo-  hay cuatro o cinco empresas privadas que requieren de este "auxilio legislativo" para que sus juntas de acreedores puedan buscar capitales y seguir funcionando.

Incluso, durante la discusión, se dijo que anualmente unas 400 compañías en el Perú ingresan al proceso de reestructuración en marcha.

Sin embargo, el Indecopi señaló a El Comercio que actualmente Doe Run es la única empresa en el país que está en un proceso de liquidación de marcha.

En lo que sí coincidieron las mayoría de bancadas fue en que el gobierno anterior no hizo nada para resolver el caso de Doe Run y sus implicancias en La Oroya.

¿Qué dicen los trabajadores de La Oroya?

Un grupo de trabajadores de Doe Run estuvo presente en el hemiciclo durante el debate del proyecto. Luis Castillo, el representante de estos, dijo que la norma permitirá que el lunes 29 de agosto la Junta de Acreedores pueda acordar ya sin contratiempos todo lo que viene.

Agregó que la prórroga podría generar mayor interés de los inversionistas, que hasta ahora suman siete (cuatro por Cobriza y tres por el CMLO y Cobriza). "En adelante el Ejecutivo tiene que dar el segundo paso que es la reactivación de los circuitos de plomo y zinc y sobre todo inyectar dinero en Cobriza para continuar explotando", señaló.

¿Qué se viene ahora en el caso de Doe Run?

El siguiente paso es que, luego de la promulgación de la norma por parte del Ejecutivo, la Junta de Acreedores de la empresa, que la preside el Ministerio de Energía y Minas (en representación del Estado, el principal acreedor de Doe Run), se reúna y acuerde la prórroga en virtud del proyecto aprobado, inicialmente por un año (hasta el 27 de agosto de 2017).

Pero el reto mayor está en lograr lo que ni el Estado, ni los acreedores, ni ninguno de los administradores que ha tenido Doe Run han podido desde el 2009, cuando entró en proceso concursal: resucitar esta compañía minera que tiene deudas superiores a los US$500 millones y que convirtió a La Oroya en una de las 10 ciudades más contaminadas del mundo. 

La pregunta que se cae de madura entonces de cae de madura: ¿se podrá hacer en los próximos dos años lo que no se hizo en los últimos ocho? 

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