Esta semana, concretamente el 27, se vence el plazo del proceso de liquidación de la minera Doe Run, que opera el complejo metalúrgico de La Oroya, en Junín, el mayor del país. El gobierno de PPK fijó como un prioridad lograr una solución a la situación que atraviesa esta minera, pero es el Congreso la instancia que tiene la última palabra en este caso.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) visitó el 6 de julio pasado a La Oroya y no solo se comprometió a encontrar una salida, sino que emplazó a la población local a marchar hacia el Congreso para defender sus intereses.

Luego, el Ejecutivo presentó  el 4 de agosto un proyecto de ley para para modificar la Ley Concursal, que plantea cambiar el plazo de las liquidaciones en marcha en el Perú, pasando de los 2 años actuales hasta 4 años, con lo cual Doe Run ganaría tiempo.

Pero Fuerza Popular, que tiene mayoría absoluta en el Congreso y controla este poder del Estado, también presentó su propio proyecto, el cual propone un año más (tres en total) de plazo a las liquidaciones en marcha. Además, le pone un plazo de 15 días al Ejecutivo para que -vía Decreto Supremo- fije la obligación de cumplir con la legislación ambiental, así como también con las normas y pactos laborales preferentes.

"Lo que queremos es que el Ejecutivo diga cómo se va a trabajar en los temas de fondo. Entre ellos el ambiental, porque es su responsabilidad y no solo seguir prolongando los plazos para la venta de Doe Run", dijo el congresista de Fuerza Popular Federico Pariona, citado por La República.

DEBATE ENTRAMPADO

El Congreso tendría que aprobar alguna de las dos iniciativas a más tardar en la sesión plenaria de este jueves 25. De lo contrario, Doe Run iría a una liquidación simple. Esto acarrearía, según los trabajadores de la minera, el despido de las más de 2.000 personas que laboran en este complejo minero, lo cual podría generar un nuevo estallido social en al zona.

Pero las bancadas no se ponen de acuerdo sobre qué comisión del Congreso se deben revisar estos proyectos. Mientras que el oficialismo sostiene que debería ser el grupo de Justicia, en el fujimorismo pide que sea en Energía y Minas.

“No veo por qué tendría que intervenir la comisión de Energía y Minas en un proceso que se refiere al régimen concursal de las empresas y que solo le corresponde a la de Justicia”, dijo el vocero de la bancada de PPK, Carlos Bruce, citado por Correo.

“En verdad, no encuentro razón para que este proyecto tenga que ser derivado a Justicia, pero sí debe ser revisado en Energía y Minas, y sí es conveniente que lo vea (el grupo de) Economía”, comentó la fujimorista karina Beteta.

La primera vicepresidenta del Congreso, Rosa Bartra, informó que el proyecto del Ejecutivo ya fue derivado a las comisiones de Economía (que dirige PPK) y de Defensa al Consumidor (presidido por Fuerza Popular) para su debate.

Sin embargo, la Junta de Portavoces podría zanjar esta discusión si es que decide exonerar del trámite de comisión alguno de estos proyectos o ambos y los agenda, para que se vean en el Pleno del Congreso directamente.

De aprobarse en el Legislativo algunas de las iniciativas en mención, el Ejecutivo estaría con el tiempo justo para refrendarlo, y enviarlo al diario oficial El Peruano para su publicación, con el fin de que entre en rigor desde el mismo sábado 27 de agosto.

DATO

En 2009, Doe Run fue declarada en insolvencia, y en el 2010 se instaló una Junta de Acreedores presidida por representantes del Estado con la cual se tomó la decisión de liquidarla y cuyo plazo final -tras una prórroga previa- se fijó para el 27 de agosto de 2016.

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