La decisión del Primer Juzgado Constitucional de Lima que ordena al Ministerio de Salud (Minsa) que entregue de manera gratuita el Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE) ha desatado un debate público que ha estimulado la circulación de información con evidencia científica, y opiniones que no la tienen, y que hablan más bien de una posición política en contra de otra.

La conversación de hoy entre el exministro de Salud Luis Solari, crítico de esta decisión del Poder Judicial, y el periodista de radio Capital Phillip Butters prueba las dos cosas: que sobre este tema, que está vinculado con los derechos sexuales de las mujeres, puede circular información con sustento y otra más bien con una fuerte presencia ideológica.

En la entrevista, Solari sostiene por ejemplo que la también conocida como pastilla del día siguiente "no sirve como política pública" en tanto que no ha reducido la tasa de abortos ni de embarazos no deseados, y que la decisión de distribuir la píldora solo favorece al fabricante del medicamento.

Lo que esa afirmación no considera es que la prevención del embarazo no deseado, en su variante más grave, en adolescentes, es una tarea intersectorial, no exclusiva del Minsa; de modo que la planificación familiar no está sostenida únicamente en la pastilla (Plan Multisectorial para la prevención del embarazo en adolescentes para el periodo 2013 – 2021) como quiere hacer creer Solari a la audiencia; irresponsable de su parte reducir el asunto de dichas tasas a las AOE, y sospechoso viniendo de un exministro de Salud.

Sobre la idea de que beneficia a las empresas farmacéuticas únicamente, es cierto que las beneficia, también, como todo negocio. La directora de Promsex, Susana Chávez, ha informado que el mercado del AOE podría facturar anualmente entre S/45 millones y S/54 millones; son, pues, más de cinco empresas -entre locales y extranjeras- las que la distribuyen. En tanto, Rossina Guerrero, directora de incidencia política de Promsex, subraya que algunas farmacias "están desarrollando sus propias marcas para vender el medicamento a precios de acuerdo a la oferta y demanda".

Lo que habría que preguntarle a Solari es ¿por qué no alzó la voz con la misma fuerza que tiene en estos días mientras, hasta ahora, la píldora se viene vendiendo en farmacias, como para 'el que puede'? ¿Qué tipo de dominio político quiere promover al oponerse a una política pública que beneficiaría sobre todo a quienes tienen menores recursos económicos?

Por su parte, Phillip Butters opina que, desde su perspectiva católica, lo que ha ocasionado la decisión del Poder Judicial es un problema "político", ya que, según su argumentación el Perú "es un país laico, pero el pueblo no lo entiende así [...] es la creencia del país".

En esa afirmación hay dos problemas: 1) el desarrollo de políticas públicas, las cuales deben sostenerse en evidencia científica, debe trabajarse con los especialistas, y no desde sectores -religiosos- que consideraban en algún momento el uso de anticonceptivos como un problema moral -sobre si es correcto o no comportarse-, y no de salud pública -proteger la salud de la población a un nivel macro-. 2) Pensar en una política pública tomando como criterio el cómo cree un sector importante de la sociedad solo nos habla del populismo que mira únicamente a corto plazo.

Cabe mencionar que la distribución gratuita del AOE beneficiaría a las personas de menores recursos cuando se enfrenten a situaciones no deseadas. Un derecho incompleto si pensamos que solo los que pueden pagar por ella, por la pastilla, pueden adquirirla en las farmacias. Otra vez la pregunta, ¿por qué los sectores que están en contra de la decisión del Poder Judicial alzan la voz fuertemente recién ahora, si ya se estaba distribuyendo en farmacias? ¿O es que el precio en el mercado de la pastilla era 'su' modo de evitar la gratuidad?

Asimismo, es el presidente de la República el que debe liderar la política general de gobierno. No obstante, como lo evidencia Pamela Loaiza en su estudio "La judicialización de la política en el Perú: Una observación del Tribunal Constitucional y sus decisiones frente a la píldora del día siguiente (2001-2010)" los cambios en la aplicación de políticas de salud reproductiva en el país han estado influenciados por las tendencias y creencias de magistrados, así como su facilidad de ser sujetos de presión.


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