(Desde Bogotá).- La Corte Constitucional de Colombia le dio luz verde el lunes al plebiscito para refrendar los acuerdos de paz con las FARC, mecanismo que el Congreso ya había aprobado y el cual será convocado tras la firma final en La Habana.

El máximo tribunal decidió no incluir el voto en blanco, propuesto como opción para los "abstencionistas conscientes", aquellos que no apoyan totalmente los acuerdos de paz y quieren expresarlo, pero que tampoco quieren votar en contra.

Así, los colombianos tendrán que responder "Sí" o "No" a una sola pregunta que se definirá una vez convocado el plebiscito, que podría darse en la segunda mitad de setiembre. Se trata además de un paso inédito para legitimar las negociaciones del Estado con los grupos armados ilegales. Pero como en todo el proceso de paz, el tránsito para lograr no ha sido fácil. 

El umbral de participación

Desde que el Congreso aprobó la figura del plebiscito para la paz, la polémica se había centrado en el umbral de participación ciudadana. Fue el punto que generó más debate en la Corte, que decidió, por 7 votos contra 2, que para este caso sea el 13% del censo electoral y no el 25% como establece la norma para este tipo de mecanismos. O sea, para aprobar o rechazar lo logrado en casi cuatro años de negociaciones en La Habana solo se necesitarán 4,5 millones de votos.

"En nuestro país el voto es un derecho, así como lo es no participar. Respeto profundamente ese derecho, pero hay momentos en la vida y en las democracias en los que la indiferencia no puede ser la opción. Este es uno de ellos", dijo en un mensaje televisado en cadena nacional el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en cuyo país el voto es facultativo (no obligatorio).

Los efectos

Otro de los aspectos que generó criterios encontrados en la Corte Constitucional fue los alcances que tendrá el plebiscito. Tras casi seis meses de estudio, se optó por reconocer este mecanismo como la figura para legitimar los acuerdos de paz con las FARC, pero lo hizo con efectos limitados. El resultado será vinculante, pero solo para el presidente de la República y no para los otros poderes públicos.

"La refrendación no implica por sí misma una incorporación de lo acordado a la Constitución y la legislación", dijo la presidenta de la Corte, María Victoria Calle, quien explicó que la decisión de que el alcance del plebiscito solo sea vinculante para el presidente se debe a que lo que se pondrá a votación de la ciudadanía es una medida política impulsa por el mismo Santos.

Lo que se desprende de esto es que, por ejemplo, una victoria del "Sí" ( a favor de los acuerdos de paz) tendría un efecto obligatorio como mandato político, porque avalaría la negociación del gobierno de Santos, pero un triunfo del "No" carecería de un efecto concreto: el texto de la ley del plebiscito no dice que los colombianos pueden revertir los acuerdos suscritos en La Habana, que serán incorporados al régimen legal y constitucional del país vía un mecanismo expeditivo que ya el Congreso había aprobado la legislatura pasada.

Para efectos prácticos, más que un plebiscito será una consulta popular, porque se pondrá a consideración de los colombianos un acuerdo inamovible. Es decir, una decisión contraria del pueblo no cambiará en nada lo pactado. Así, el voto no será por la paz en sí, sino solo para que se exprese el apoyo o rechazo a lo suscrito entre el gobierno y las FARC. 

El presidente Santos deberá publicar todo lo acordado con la guerrilla más antigua de América Lantina 30 días antes de la fecha en la que los colombianos irán a las urnas para decir "Sí" o "No" al texto final de la negociaciones en La Habana.

Las campañas

A partir de ahora, el Gobierno y todos los sectores que apoyan el proceso de paz se volcarán a la campaña por el "Sí". De hecho, esta se intensificó en Colombia desde el 23 de junio, cuando se anunció el cese al fuego bilateral y definitivo.

Incluso la Corte también determinó en su fallo que la prohibición para participar activamente en política que rige para los funcionarios públicos se levante. Será por única vez. Eso sí, no podrán involucrar a ningún partido político en particular.

Los opositores al acuerdo de paz, es decir, el expresidente y senador Álvaro Uribe y el exprocurador Alejandro Ordoñez, habían puesto en entredicho el origen de los recursos para financiar las campañas por el "Sí". Sobre esto, el tribunal prohibió el uso de recursos públicos. 

Santos renovó hace poco su gabinete con miras al posconflicto y cuenta con el apoyo de todas las fuerza políticas del país, a excepción del Centro Democrático, que lidera Álvaro Uribe, cuyo liderazgo por esta causa está mermado. Ahora lo que deberá definir es si hace campaña por el "No" o a favor de la abstención.

La opinión pública colombiana parece estar más dividida. Los últimos sondeos de opinión muestran que la mayoría está a favor de la salida negociada del conflicto, pero rechaza algunas concesiones. Por ejemplo, más de un 70% está en contra de que las FARC participen en política y alrededor del 50 % no aceptaría el resultado de las elecciones locales si las gana un desmovilizado,  según una encuesta que realizó la Universidad de los Andes.

(Foto de cabecera: El Tiempo)

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