La vida de millones de mujeres y niñas de América Latina está a merced de sistemas de asistencia a la salud que anteponen los estereotipos y la doctrina religiosa a la vida del paciente; afirmó Amnistía Internacional en el Informe Regional ‘El Estado como Aparato Reproductor de Violencia Contra las Mujeres’.

El informe revela que el acceso a servicios básicos como la contracepción, el aborto sin riesgos o las esterilizaciones dependen de la capacidad adquisitiva de la paciente y de las convicciones religiosas y personales de los profesionales de la salud o cargos públicos.

“Desde El Salvador, donde el aborto está prohibido incluso en los casos en que la vida de la paciente depende de él, hasta México, donde las mujeres que viven con VIH pueden ser esterilizadas a la fuerza, mujeres y niñas de toda la región están sufriendo abusos a manos de los propios profesionales y sistemas que supuestamente deben protegerlas”, afirmó Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América.

“El patrón común es que no se confía en que mujeres y niñas puedan tomar sus propias decisiones en lo referente a su sexualidad, siempre son otros quienes toman esas decisiones por ellas”, agregó. 

En ese sentido, la organización recordó que entre 1996 y 2000, las autoridades peruanas "se embarcaron en una política atroz de esterilización de mujeres pobres dirigida a combatir la pobreza". 

“Este informe señala el caso de las esterilizaciones forzadas como una práctica discriminatoria contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos”, dijo Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.

Recordó además que la mayoría de víctimas son mujeres indígenas y campesinas quechua hablantes que fueron sometidas a procedimientos quirúrgicos sin su consentimiento libre e informado, muchas veces bajo coacción o amenaza en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar a finales de los noventa.

Amnistía Internacional reconoce que la creación de un Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas es un primer paso en la lucha de las personas afectadas por esta grave violación de derechos humanos.

"En muchos casos las mujeres que denunciaron este hecho llevan luchando más de 18 años por justicia. Quien sea el próximo presidente elegido debe comprometerse en otorgar verdad, justicia y reparación a las víctimas", agregó Navarro.