Malas noticias para César Acuña. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Libertad pidió para el candidato de Alianza para el Progreso (APP) "seis años de inhabilitación, consistente en la privación de la función, cargo o comisión pública que ejerzan, así como la incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público".
Esta solicitud se sustentará en una audiencia judicial programada próximo 8 de enero del 2016.
Según la investigación fiscal, Acuña habría incurrido en los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo -cuando era alcalde de Trujillo- al entregar una subvención de S/. 57 mil al cineasta Santiago Viteri, pese a que la Secretaría General de la municipalidad de la ciudad norteña había rechazado el pedido, debido a que la comuna estaba en austeridad.
Pero Acuña tenía otra postura. El entonces burgomaestre presionó para que se efectuase el pago, debido a que el documental que iba a realizar Viteri 'era importante para Trujillo'.
"De este modo, se le atribuye a César Acuña el hecho de haberse interesado indebidamente", se lee en el expediente de la Fiscalía.
Asimismo, el Ministerio Público también solicitó para el exgobernador regional comparencia restringida, presencia obligatoria ante la autoridad fiscal o judicial los días en que se agenden sus audiencias, así como el pago de una caución de S/. 50 mil.
"Con las restricciones se busca asegurar la presencia del investigado durante el proceso. Dependerá del juez, si admite o no la solicitud", explicó el fiscal a cargo del caso, Jorge Linares.
Agregó que en la audiencia del 8 de enero se decidirá "si el procesado pasa o no a juicio oral".
ACUÑA SE DEFIENDE
El abogado de César Acuña, Mario Deza, indicó que esta denuncia carece de sustento y tiene motivaciones políticas:
"No sabemos en qué sustenta sus pedidos (la fiscalía). Puede pedir lo que crea conveniente, pero va a sustentar una petición bastante débil, porque entregar subvenciones no es delito. Lo que vemos es que estas denuncias son políticas y no tienen fundameto jurídico".
[Foto de portada: La República]
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