Tras el lamentable deceso del efectivo Adolfo Castellano Carrillo, por el estallido de una granada dejada por desconocidos al frente de un colegio en Villa El Salvador, hoy el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, afirmó que su cartera ya ha planteado el asunto de tipificar este tipo de hechos como actos de terrorismo, ya que "provocan terror y zozobra". Esto implicaría mayores penas contra los responsables de estos actos.
Horas más tarde, el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzen, fue consultado por periodistas sobre esta posibilidad y mostró una posición contraria a la del ministro Guadalupe. Para él, el terrorismo está "confinado en pequeños bolsones en el VRAEM". Y se explayó algo más al respecto:
"Llegar a dimensionar este lamentable suceso con un acto de terrorismo [las granadas en VES] va a significar, entre otras cosas, que tengamos que aceptar que en distritos de nuestra ciudad de Lima estas prácticas se están realizando. Quienes hemos vivido como yo los actos de terrorismo tenemos facilidad para distinguir un suceso del otro: organizaciones criminales establecidas con un fin, ideológicos entre otras cosas; con estructuras destinadas a desestabilizar al estado no pueden compararse con hechos aislados de crímenes que lo único que pretenden es obtener beneficios económicos, como cualquier crimen ordinario de la calle (...) aquí lo único que se persigue extorsionar a las personas para obtener beneficios para los que cometen estos crímenes".
Ante estas declaraciones, cabe contrastar algunas consideraciones. Se encuentra en investigación si los responsables de dejar estas dos granadas en VES fueron extorsionadores. Lo que se sabe es que, según fuentes periodísticas, el director de la institución educativa afectada, Octavio Castañeda Mendoza, fue a la Dirincri para denunciar una extorsión en contra del colegio, por la que le pidieron el pago de S/.20 mil para no atentar contra su vida o atacar el local educativo.
Por otro lado, cuando Adrianzén dijo, al conceptualizar el terrorismo, "organizaciones criminales establecidas con un fin, ideológicos entre otras cosas; con estructuras destinadas a desestabilizar al estado", no corresponde del todo con lo que dice la ley peruana sobre el terrorismo (Ley 25475), en la que se lee lo siguiente cuando se describe dicho delito en el artículo 2:
"El que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte de cualquier índole, torres de energía o transmisión, instalaciones motrices o cualquier otro bien o servicio, empleando armamentos, materias o artefactos explosivos o cualquier otro medio capaz de causar estragos o grave perturbación de la tranquilidad pública o afectar las relaciones internacionales o la seguridad de la sociedad y del Estado..."
Por su parte, hoy en canal N, el penalista y decano del Colegio de Abogados de Lima, Mario Amoretti opinó sobre la posibilidad de la tipificación en debate, haciendo eco de lo sostenido en la ley:
"el supuesto principal para considerar un acto de terrorismo es infundir temor y zozobra a la población mediante el empleo de cualquier artefacto explosivo que pudiera ser usado para ese fin".
Para el letrado, estos delitos, como el implicado en la muerte del efectivo de la UDEX, pueden ser juzgados como actos de terrorismo al amparo de la ley, más bien todo depende de cómo se formulen la acusaciones penales, lo que incluye el trabajo del fiscal y del juez, según informó Andina.
Estos desacuerdos en el Gabinete no nos hablan de una solidez de visión en materia de seguridad ciudadana. Más bien, estas contradicciones sirvieron de oportunidad al legislador del PPC, Javier Bedoya, para criticar la falta de liderazgo del Gobierno para enfrentar esta problemática. Le recordó a los ministros que 'por algo' el Congreso de la República le ha otorgado facultades especiales para legislar en materia de seguridad ciudadana, facultades que estarán disponibles hasta el fin de setiembre; en vez de salir a "contradecirse públicamente en la televisión".
Quedan algunas preguntas sueltas sobre este tema. ¿Se necesita mayor legislación, más normas, o el aparato legal es suficiente para la lucha contra la delincuencia, y en realidad es un problema de voluntad política, además de eficiencia? Sobre estos casos de explosivos dejados en la vía pública, ¿de dónde consiguen ese armamento de guerra, si los que administran y manejan ese tipo de dispositivos son las fuerzas armadas? ¿Esto es, tan solo en parte, efecto de la corrupción de las FFAA?
¿Cómo un ministro de Justicia puede tener una visión lejana a lo que la ley sostiene en relación al delito por terrorismo? Es el último año del gobierno de Ollanta Humala, y los ministros todavía experimentan lapsus al decir que estos son casos aislados -aunque luego se rectificó- y que son crímenes ordinarios de la calle.
(Foto: Andina)
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