Mientras en el Perú el debate sobre la posibilidad de aprobar una ley que despenalice el aborto en casos de violación se ve truncado semana a semana por los miembros ultraconservadores del Congreso, en nuestra misma región un caso golpea y pone contra esa realidad que muchos quieren esconder: el drama de una niña embarazada.
Amnistía Internacional sigue adelante con la campaña denominada #NiñaEnPeligro que busca presionar al Estado Paraguayo para que garantice el derecho a la salud, la vida y la integridad física y psicológica de una menor de solo diez años que fue violada de manera sistemática por su padrastro y que ya se encuentra en su quinto mes de embarazo.
El calvario al que se enfrenta esta niña recién se hizo público la veintena de abril. Se supo así que ya la madre, de 32 años, había denunciado en enero de 2014 a su conviviente por abusos contra la menor, pero que entonces la denuncia fue archivada por un fiscal de la ciudad de Luque, en Gran Asunción, al considerar que no existía riesgo para la pequeña.
Casi un año después, la mujer llevó a su hija hasta el hospital público de Trinidad en la capital paraguaya, ya que esta se quejaba de fuertes dolores y su abdomen presentaba un crecimiento irregular. ¿El 'diagnóstico'? Un embarazo de 21 semanas.
Pero ¿qué hicieron las autoridades? En principio poner a la menor bajo custodia de la Cruz Roja para luego meter presa a la madre por considerar que cometió el delito de 'incumplimiento con el deber del cuidado', aunque la medida fue justificada alegando que había dado datos falsos sobre el posible paradero de su pareja, que aún continua prófugo.
La pregunta es simple, si ya lo había denunciado con anterioridad ¿por qué lo escondería esta vez? ¿Por qué alejar a una mujer de su hija en un momento en que esta la necesita más que nunca?
Finalmente ante la presión de la sociedad paraguaya, el Gobierno se vio obligado a pronunciarse sobre el caso, asegurando que no permitirá 'de ninguna manera' que el embarazo de la menor sea interrumpido.
Según las leyes del país solo se permite un aborto en caso la vida de la madre se encuentre en peligro. El Ministerio de Salud ha señalado que el plazo para considerar esta opción son veinte semanas y que en este caso particular se conoció del embarazo a la vigésima primera (¡solo una semana más!), y que según todos los monitoreos realizados, este sigue su curso sin complicaciones.
Pero, claro, ¿no sería más lógico preguntarnos si el cuerpo de una niña de 10 años está preparado para soportar nueve meses de gestación? ¿Las autoridades esperan a que cerca de los nueve meses -sino antes-, se presenten complicaciones que recién supongan un riesgo a la vida de la niña?
La cuenta atrás continúa y las autoridades paraguayas no están dispuestos a cambiar la postura de sentirse con derecho a decidir sobre el cuerpo de una menor que fue violentada. Alegan que para solucionar esta problemática -y la de los embarazos no deseados, en general-, lo que debe hacerse es mejorar la educación sexual, ¿pero cómo aplicar esa 'solución' en menores de edad que no dan consentimiento sexual de ningún tipo?
En Paraguay más de 600 menores entre los 10 y 14 años de edad dieron a luz en 2014. De los alumbramientos 20 mil fueron de madres de entre 15 y 19 años.
¿Hasta cuándo se seguirá revictimizando a la victima de una violación sexual obligándola a llevar adelante un embarazo no deseado? ¿Hasta cuándo se pondrá en riesgo la vida de millones de mujeres y, lo que es peor, niñas?
¿Debemos esperar que en el Perú se mediatice un caso como el paraguayo para atrevernos por fin a ponernos en sus zapatos?
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