Amnistía Internacional se sumó a las voces que han mostrado su indignación y preocupación por la decisión de la Fiscalía que dejaría sin recibir justicia a más de 2.000 mujeres indígenas y campesinas que habrían sido esterilizadas forzosamente entre 1996 y 2000.

"Para Amnistía Internacional es lamentable ver que después de tan larga espera, la fiscalía haya tomado la decisión de acusar formalmente al personal médico que habría estado implicado en sólo uno de los casos, sin esclarecer todas las responsabilidades y a todos los niveles, no sólo en éste, sino en los más de 2.000 casos que estaban siendo investigados", señala un comunicado publicado en su página web.

El pasado 22 de enero la Fiscalía penal Supraprovincial de Lima decidió proseguir únicamente con una denuncia contra el personal médico implicado en la muerte de María Mamérita Mestanza Chávez a consecuencia de una esterilización forzada en 1998. El fallo excluye a los tres ex ministros de Salud y al ex presidente Alberto Fujimori, argumentando que no cometieron delitos en tanto los parlamentarios de la época aprobaron la política de control de natalidad.

Para Amnistía Internacional "es urgente que las autoridades del Perú revisen esta aberrante decisión y cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos", así como el de garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para todas estas mujeres.

Esta política de esterilizaciones fue parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que llevó adelante el gobierno fujimorista. Un total de 331.600 mujeres fueron sometidas a tratamientos de esterilización, sin su consentimiento, y en forma “forzada”, según la denuncia que llevaron adelante unas 2.000 mujeres contra el Estado.

Las reacciones no se han hecho esperar, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la organización feminista Demus ya presentaron recursos de impugnación contra esta cuestionada decisión fiscal.

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