La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial archivó definitivamente el caso de Esterilizaciones Forzadas perpetradas durante los años 1996 al 2000, en el régimen del expresidente Alberto Fujimori y que afectaron a más de 2000 mujeres peruanas.

El fiscal Marco Guzmán Baca solo formuló denuncia contra cinco personas ligadas a la muerte de María Mamérita Mestanza y no formalizar denuncia penal contra Alberto Fujimori, los ex ministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong, asesores y directores involucrados en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000.

"La investigación fiscal por los más de 2 mil casos de esterilizaciones forzadas fue archivada definitivamente. Solo formalizan denuncia a cinco personas ligadas a la muerte de Mamérita Mestanza, y no contra los ministros y responsables de la política de salud del gobierno de AFF. Fujimori también libre de imputación", señala la periodista Jacqueline Fowks, mediante Facebook.

En tanto, Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer) hizo un pronunciamiento público en el que expresó su indignación por la decisión del Ministerio Público, con la cual considera "se extendería el manto de la impunidad sobre una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en nuestro país".

Impugnarán fallo

El Instituto de Defensa Legal(IDL), encargada de la defensa de las víctimas, adelantó que impugnará la resolución del fiscal Marco Guzmán Baca.

“Esta es una resolución en primera instancia, cabe la posibilidad de que los abogados de defensa de las víctimas de esterilizaciones forzadas se planteen el recurso de queja de derecho y este expediente suba a la fiscalía superior, donde esperamos con mayor detenimiento que se pueda revisar 140 tomos de la investigación y revertir esta situación”, dijo el abogado Sigfredo Florián a Ideeleradio. 

El abogado de IDL señaló que "todavía cabe la posibilidad" que, en segunda instancia, la fiscalía superior incluya en la investigación a Alberto Fujimori y a otros responsables políticos.

Cabe mencionar que las investigaciones sobre las esterilizaciones forzadas se reinició en noviembre del 2012 por pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que monitorea el caso de María Mamérita Mestanza Chávez, víctima mortal de esterilización forzada, y que involucra a 2,074 mujeres denunciantes a nivel nacional.  Ante la CIDH el Estado peruano se comprometió a investigar y sancionar a los presuntos responsables de la muerte de Mamérita Mestanza.