“Este TC que está de salida debiera abstenerse de dar fallos sobre temas sensibles porque están de salida. Temas como el de los bonos de la Reforma Agraria, por ejemplo...". Así se refirió anteayer el presidente Ollanta Humala a un tema espinoso que lleva largos años de discusión. La respuesta vino de inmediato y el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, señaló que el tema de los bonos de la reforma agraria seguirá en debate, aunque ello no significa que se emita una resolución.

No se trata de que deba dictar una sentencia, pues el TC ya la dio en el 2001, cuando declaró fundada la acción de inconstitucionalidad que privaba del derecho de propiedad a los tenedores de bonos, planteada por el Colegio de Ingenieros del Perú. Lo que falta resolver es un pedido de ejecución de la sentencia. Ahora bien, cuando se dé esto, el Estado podría enfrentarse a un riesgo de estabilidad macroeconómica: el pago de más de US$4,500 millones como consecuencia de los bonos impagos por las expropiaciones de 15 mil propiedades durante la Reforma Agraria (aunque el MEF sólo reconocería US$1,000 millones).

Cabe indicar que Urviola ha recibido sugerencias –de parte del Congreso de la República– de inhibirse de este caso por haber trabajado en el Banco de Crédito BCP, tenedor de los bonos agrarios. Al respecto, el magistrado resaltó no se desempeñó como abogado mientras trabajó en ese banco. En tanto, ayer el ministro de Justicia, Daniel Figallo, cuestionó que el tribunal no haya comunicado al Congreso ni al Ejecutivo sobre la acción de cumplimiento de ejecución de sentencia, y le pidió prudencia en tanto el erario nacional estaría en juego. Al respecto, el magistrado respondió que no había ninguna obligación de notificar, porque “es una solicitud de ejecución de una sentencia que se ha incumplido hace muchos años".

Millones en juego

En principio, el pago de bonos sería solo a expropietarios de tierras, sin embargo, muchos de éstos han vendido sus bonos a terceros, sobre todo grupos empresariales, que habrían pagado entre 10% y 20% del monto real del bono. Otros beneficiarios son los herederos. Y si bien hemos hablado líneas arriba de US$4,500 millones, este monto es incierto, pues se ignora cuántos son los tenedores de bonos y cuánto le corresponde a cada uno (se calcula que habría 150,000 titulares). Las cifras las maneja el MEF. Y cuando se dé la resolución, el Estado tendrá un plazo de hasta cinco años para hacer el pago.

“A través del Poder Judicial y con la sentencia del TC del 2001 en mano, algunos tenedores han logrado obtener un pago por la expropiación sufrida en los sesenta. Saber cuánto van a cobrar varía muchísimo, pero hay quienes han cobrado poco, entre 200 mil y 300 mil soles. Hay otros que sí cobrarán millones. Todo depende del fundo, de los bienes que fueron expropiados", explica al diario La República Raúl Noblecilla, asesor de la Asociación de Agricultores Expropiados por la Reforma Agraria.

En opinión de Reynaldo Trinidad, experto en temas agrícolas, la mayor cantidad de bonos está actualmente en manos de los especuladores que compraron a precios exiguos y ahora pretenden quieren cobrar con moras, intereses y penalidades", por lo que recomienda que lo mejor es que el gobierno tenga contacto directo con los exhacendados o sus herederos.

El año pasado, el ministro Luis Miguel Castilla indicó que poner un valor a los bonos agrarios es difícil, porque la hiperinflación a finales de los años ochenta e inicios de los noventa eliminó buena parte del valor de esos papeles. Sea como fuere, todo indica que la polémica por este tema se reavivará y las papas estarán calientes para el Tribunal Constitucional. Mientras tanto, el Estado buscará seguir ajustando la billetera.

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