La Dirección Antidrogas de la PNP (Dirandro) permitirá a las asociaciones de pacientes y cultivadores de cannabis tramitar el Certificado de Seguridad utilizando solo el cargo de recepción de la solicitud de licencia municipal, facilitando así el proceso de licenciamiento.
Este es un avance que puede ser clave en la formalización de asociaciones de pacientes y cultivadores de cannabis en Perú, ya que el Certificado de Seguridad, emitido por la Dirandro es un requisito para obtener la Licencia de Producción Artesanal con Cultivo Asociativo (LPA). Fuentes de LaMula.pe informaron que la División de Investigación Contra el Desvío de Insumos Químicos (DIVIDIQ) de Dirandro aceptará el cargo de recepción de la solicitud municipal como sustituto del número de licencia de funcionamiento.
Esta medida responde a los reclamos delas asociaciones tras la ineficiente implementación del Reglamento de Cannabis para Uso Medicinal (Decreto Supremo N° 004-2023-SA). El requisito de contar con una licencia de funcionamiento municipal, estipulado en el Artículo 31 del reglamento, se había convertido en un obstáculo insalvable para muchas asociaciones, dado que los municipios suelen desconocer las actividades relacionadas al cultivo asociativo o las prohíben en zonas residenciales.
Con esta flexibilización, las asociaciones pueden presentar el cargo de recepción de la solicitud municipal junto con un Protocolo de Seguridad que contemple medidas como vigilancia, control de acceso y diagnóstico de vulnerabilidad del área de cultivo. Este cambio podría agilizar el acceso a licencias y ofrecer seguridad jurídica a los pacientes y cultivadores, evitando criminalización durante eventuales operativos policiales.
Expertos consultados por LaMula.pe advierten sobre posibles riesgos asociados a esta medida, como operativos dirigidos contra asociaciones en proceso de formalización. Además, no deja de ser urgente contar con un marco regulatorio más inclusivo que contemple las necesidades reales de los usuarios de cannabis medicinal.
Este avance refuerza la importancia del diálogo entre asociaciones, autoridades y el sector municipal, y representa un paso hacia la protección de los derechos de pacientes que, desde 2017, han luchado por la legalidad y el acceso seguro al cannabis medicinal.
[Foto de portada: Andina]
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