La publicación de la Ley de Desarrollo Agrícola del Cáñamo para Uso Industrial (Ley 32195) con "errores humanos" en el Diario Oficial El Peruano ha recordado la histórica resistencia del Ejecutivo a regular el cannabis en todas sus variedades y presentaciones. El texto publicado el 15 de diciembre presenta modificaciones que no estaban contempladas en la autógrafa aprobada por insistencia en el Congreso, lo que ha generado cuestionamientos sobre su validez y ha sido calificado como un posible “contrabando legislativo”.
Entre los cambios más destacados se encuentra la incorporación de los ministerios de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Producción (Produce) como responsables de coordinar autorizaciones junto con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), diluyendo las competencias exclusivas de este último y complicando la obtención de licencias. Además, se eliminaron requisitos clave para demostrar el origen lícito de la materia prima y disposiciones ambientales esenciales.
Una resistencia histórica a la regulación
El conflicto actual recuerda un patrón de resistencia del Midagri a regular el cáñamo. Desde la publicación del Decreto Supremo N° 005-2019-SA, que lo excluyó del ámbito penal, este ministerio tenía la obligación de establecer los criterios para su cultivo e industrialización, un compromiso que nunca cumplió. Esta postura se mantuvo incluso frente a las opiniones favorables del Legislativo y las demandas de asociaciones de pacientes y cultivadores.
Además, la Ley del Cáñamo es la tercera norma aprobada en el país relacionada con el cannabis. Sin embargo, desde la promulgación de la Ley 30681 (Cannabis Medicinal) en 2017 y la Ley 31312 (Cultivo Asociativo) en 2021, solo se ha otorgado una licencia de cultivo a un laboratorio farmacéutico. En la práctica, ninguna empresa o colectivo ha logrado producción nacional, evidenciando los obstáculos históricos impuestos por el Ejecutivo.
La criminalización como barrera
El caso de la empresa Annam, recientemente sancionada administrativamente por actividades con cáñamo sin registro sanitario, es un ejemplo de cómo las normativas actuales tienden a criminalizar a los cultivadores en lugar de promover su formalización. Abogados penalistas y expertos han advertido que las modificaciones al Código Penal incluidas en la Ley del Cáñamo podrían replicar este problema, dejando a los pequeños productores en una vulnerabilidad jurídica que dificulta su desarrollo.
Un llamado a una reglamentación justa
Desde 2019, el Midagri ha emitido opiniones desfavorables sobre los proyectos de ley del cáñamo, una postura que refleja los argumentos conservadores del gobierno de Dina Boluarte, quien observó la norma antes de su aprobación por insistencia en el Congreso. Usuarios y cultivadores ahora instan al Ejecutivo a garantizar un reglamento técnico que priorice el acceso viable a licencias, evitando repetir los errores de las normativas previas.
Perspectivas y retos
La promulgación de esta ley excluye oficialmente al cáñamo del Reglamento de Estupefacientes en Perú, abriendo la puerta para su desarrollo industrial. No obstante, la efectividad de la norma dependerá de la voluntad política para implementar un marco coherente y evitar la criminalización de quienes no logren acceder a los permisos requeridos.
En un contexto donde solo se ha otorgado una licencia de cultivo en siete años, garantizar la inclusión y la viabilidad económica de los productores será crucial para que el cáñamo cumpla con su potencial como alternativa agrícola sostenible.
Este es el dictamen sobre el cáñamo aprobado por insistencia por el Congreso:
[Fuente: https://www.sativainfo.pe/]
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