El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó formalmente a la República del Perú su apoyo para la petición presentada ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) que busca realizar un examen crítico de la hoja de coca y revaluar las disposiciones actuales sobre su clasificación como estupefaciente. El pedido, fechado el 4 de noviembre de 2024 y dirigido a la Embajada del Perú en La Paz, destaca la necesidad de reparar errores históricos y reconocer el valor cultural, social y económico de la hoja de coca para los pueblos andinos.
En la carta, firmada por el viceministro de Relaciones Exteriores boliviano, Esteban E. Cañariña, se resalta la importancia de avanzar hacia un reconocimiento más justo y equitativo del uso tradicional de la hoja de coca.
“Los hallazgos de esta revisión podrían significar un punto de inflexión para proteger los derechos culturales de los pueblos indígenas y fomentar el desarrollo económico sostenible en las zonas productoras de coca”, sostiene el documento.
Bolivia enfatizó que la clasificación internacional actual de la hoja de coca, establecida en la Convención Única de Estupefacientes de 1961, fue aprobada sin considerar los usos tradicionales y el contexto cultural de la región andina. Dichas disposiciones han perpetuado políticas restrictivas y represivas que, según Bolivia, no han resuelto el problema del narcotráfico y, en cambio, han afectado a las comunidades indígenas que dependen del cultivo de la coca como fuente de sustento y como símbolo cultural.
Postura crítica de la sociedad civil peruana
En respuesta a esta coyuntura, organizaciones de la sociedad civil peruana, lideradas por el abogado y especialista Ricardo Soberón, cuestionaron la postura del gobierno de Dina Boluarte frente al tema. En su informe presentado el 14 de octubre, la delegación del gobierno peruano argumentó que cualquier medida dirigida a la desclasificación de la hoja de coca generaría un “incentivo perverso” con efectos perniciosos, postura que ha sido rechazada por expertos y organizaciones sociales.
“Eso no es verdad”, sostiene la sociedad civil peruana, señalando que tal afirmación desconoce las dinámicas socioeconómicas que llevaron a miles de productores de los Andes a migrar hacia la Selva Alta en las décadas de 1970, 1980 y 1990. “La falta de tierra en las zonas altas y las pocas posibilidades de la agricultura familiar para articularse a mercados internos y externos fueron las causas principales. La coca, como cualquier producto agrícola, tiene un punto de saturación: un incremento desmedido del área cultivada impacta negativamente en su precio final”, precisan los académicos y organizaciones sociales.
Asimismo, enfatizan que la economía ilegal del narcotráfico opera debido a la alta y sostenida demanda internacional de cocaína, principalmente en América del Norte y Europa Occidental.
“Ni la condena de 1950, ni su inclusión en la Lista Uno de Sustancias Controladas, ni su eventual retiro tendrán efectos sostenibles y duraderos sobre el consumo de cocaína en el mundo”, sentencian, refutando la posición gubernamental y defendiendo el valor cultural y económico de la hoja de coca.
El informe de la sociedad civil también subraya que la hoja de coca tiene un uso ancestral, con aplicaciones medicinales, rituales y nutricionales que distan del uso ilícito asociado al narcotráfico. Critican que las políticas actuales no diferencian entre el uso tradicional y el tráfico ilegal, lo que profundiza la criminalización de los productores y afecta a las comunidades vulnerables en regiones como el VRAEM y el Alto Huallaga.
"Esperamos que el mencionado Comité de Expertos pueda hacer el mencionado Examen Crítico considerando la perspectiva de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas para quienes el arbusto de la coca y el coqueo son un uso, una costumbre ancestral que se mantiene en el tiempo y es señal de cohesión social comunitaria", concluye el documento.
Un enfoque más integral y sostenible
Bolivia y Perú, como principales productores históricos de hoja de coca, comparten desafíos similares frente al narcotráfico y las implicancias sociales y económicas en la región andina. Sin embargo, Bolivia ha sido más activa en promover una revisión internacional que permita diferenciar el uso tradicional de la hoja de coca y plantear alternativas sostenibles para las zonas productoras.
La carta boliviana recalca que la experiencia de ambos países en la reducción de cultivos y los esfuerzos de interdicción han evidenciado las limitaciones de los modelos represivos implementados hasta la fecha. Por ello, propone explorar enfoques que promuevan el desarrollo económico y social en las zonas cocaleras, reconociendo la importancia cultural y económica de la coca en su estado natural.
El reto de una posición común en la región
El pedido de Bolivia a Perú ocurre en un contexto de crecientes debates en torno a la regulación de la hoja de coca y el fracaso de las políticas represivas impulsadas a nivel internacional.
Mientras Bolivia avanza en su propuesta ante la OMS, la respuesta del gobierno peruano sigue siendo conservadora. La sociedad civil peruana ha instado al Ejecutivo a replantear su postura y respaldar un proceso de diálogo que permita reconocer la hoja de coca como símbolo cultural, diferenciado del narcotráfico.
[Foto de portada: Reuters]
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