En una intervención ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, Ricardo Soberón, exjefe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) y experto en políticas de drogas, cuestionó la posición adoptada por el gobierno de Dina Boluarte sobre la hoja de coca. Soberón afirmó que la postura peruana, que sostiene que desclasificar la coca como estupefaciente en los tratados internacionales incentivaría los cultivos ilícitos, demuestra una “profunda ignorancia” sobre la realidad socioeconómica de los productores de coca y un “error político” que ignora la rica historia cultural de la coca en el país.
La intervención de Soberón surge en un momento clave, ya que Bolivia ha solicitado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que realice una “revisión crítica” de la hoja de coca. Este proceso, impulsado por el gobierno boliviano, busca corregir lo que muchos consideran un error histórico, al haber clasificado la coca en la Lista I de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, junto a drogas de alto riesgo como la heroína. Esta clasificación fue impuesta a mediados del siglo XX sin tomar en cuenta los usos tradicionales de la coca en la región andina, un aspecto que ahora se presenta como una reivindicación de los derechos culturales e indígenas.
Durante su intervención, Soberón destacó la falta de comprensión del Estado peruano sobre la economía política de la coca en la región andina. Según Soberón, la posición oficial de Perú ante la ONU, que califica la desclasificación de la coca como un “incentivo perverso”, refleja una visión limitada e ignora que, en los últimos años, tanto la producción de coca como la fabricación de cocaína han mostrado una estabilidad en la región andina, sin importar las políticas de control aplicadas en cada país. Esta estabilidad sugiere, según el exjefe de DEVIDA, que las políticas de erradicación de cultivos no logran frenar el tráfico de cocaína y, en cambio, afectan negativamente a las comunidades rurales.
Soberón también señaló que la erradicación de cultivos de coca en Perú, que cada año busca eliminar 25,000 hectáreas, no ha resuelto los problemas de fondo. Esta política de erradicación forzada ha contribuido al desplazamiento de los agricultores hacia nuevas áreas de cultivo en la Amazonía, promoviendo la destrucción del bosque y afectando la biodiversidad. Además, criticó que estas medidas se implementan sin consultas previas a las comunidades y en muchas ocasiones con denuncias de violaciones de derechos humanos, lo que agrava la situación de pobreza y criminalización de las familias campesinas, quienes dependen del cultivo de coca ante la falta de alternativas económicas sostenibles.
La historia de la criminalización de la coca, como destacó Soberón, está marcada por sesgos racistas y coloniales. En 1950, un informe de la ONU reconoció que el mascado de coca era un “hábito” y no una “adicción”; sin embargo, en los años siguientes, la OMS ignoró estos hallazgos y calificó el uso de la coca como un problema de “adicción” y “cocainismo”. Este estigma ha persistido hasta hoy, criminalizando una práctica milenaria de los pueblos indígenas andinos y perjudicando su derecho a preservar su patrimonio cultural.
Soberón lamentó que Perú, un país donde la coca es parte integral de la cultura, se sume ahora a la visión prohibicionista y se oponga a un cambio que podría desestigmatizar el uso tradicional de la hoja.
Soberón concluyó su intervención llamando a una revaluación de las políticas de drogas en Perú y a un cambio de enfoque que priorice los derechos humanos y las necesidades de los agricultores. Según el exjefe de DEVIDA, la verdadera solución no radica en seguir criminalizando el cultivo de coca, sino en abordar la pobreza rural, promover el desarrollo sostenible y establecer políticas que permitan a los productores de coca participar en mercados legales.
La revisión de la OMS representa una oportunidad para que la comunidad internacional repare un error histórico y permita que la coca, en sus formas tradicionales, sea despenalizada y valorada por su contribución cultural y medicinal.
El proceso de revisión de la coca propuesto por Bolivia abre la posibilidad de una reevaluación histórica y cultural. De acuerdo con WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), esta revisión permitiría revalorizar los usos medicinales, nutricionales y fitoterapéuticos de la hoja de coca, abrir mercados legales para productos naturales de coca y contribuir al desarrollo de las economías andinas. Esta medida también podría ayudar a modernizar el sistema internacional de control de drogas, que aún refleja prejuicios de la época colonial.
[Foto de portada: Andina]
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