Raúl Molina, exviceministro de Gobernanza Territorial y experto en políticas públicas, alertó sobre el crecimiento de la economía ilegal en Perú, calificándola como una consecuencia de la exclusión social y económica que afecta a gran parte de la población. En el programa “Encuentros Muleros” de La Mula TV, Molina explicó que el fenómeno de la economía ilegal en el país se deriva de la falta de inclusión en la economía formal y de un Estado que ha sido incapaz de ofrecer alternativas viables para millones de ciudadanos.
“La actividad ilegal es una expresión de exclusión. Decenas de miles de peruanos están siendo empujados a actividades ilegales porque la economía legal, la economía fantasiosa y moderna que nos vendieron, solo representa el 20% de la masa económica peruana”, señaló Molina.
Explicó que esta economía formal no incluye a la mayoría de los peruanos, y eso se traduce en que “4 de cada 5 peruanos se mueven en el borde, porque la economía legal nunca ha tenido la capacidad de incluirlos”.
El experto añadió que esta situación pone en riesgo la sostenibilidad de la economía formal en el país. Si el Estado no ofrece “una alternativa para que estos peruanos puedan formar parte de una sociedad de la que quizás nunca fueron parte” y no se les permite acceder a un sistema menos represivo, la viabilidad de la economía legal “va a ser cada vez más difícil en el Perú”, advirtió Molina.
"Hoy día es muy difícil hacer actividades legales en zonas rurales, remotas, porque lo que predomina es informalidad e ilegalidad alrededor”, señaló.
En entrevista con César Azabache, Molina también abordó el impacto de la economía ilegal en el sistema político peruano. Explicó que la economía ilegal no solo está alimentada por personas excluidas, sino también por individuos y grupos que se benefician de la pobreza y la desesperación de quienes se refugian en actividades informales o ilegales.
“Hay muchos peruanos pobres excluidos que se refugian en eso y hay muchos peruanos francamente ilegales con intereses absolutamente particulares… muchos de esos peruanos tienen conexiones con los congresistas y con un conjunto de expresiones económicas que se mueven en el borde de la ley”, indicó.
El exviceministro resaltó cómo la falta de un sistema de formalización efectivo ha generado más problemas en sectores como la minería.
“Si la ley de pequeña minería no le ofrece a un buen contingente de esos 500,000 peruanos que trabajan entre minería ilegal e informal una alternativa para que en un plazo razonable puedan incorporarse a un esquema de minería legal progresivo… no hay forma de resolver el problema”, señaló Molina.
Además, criticó que el Estado trate a todos los actores involucrados en la minería informal como si compartieran los mismos intereses, sin reconocer que existen diferentes niveles y motivaciones dentro del sector.
“No es lo mismo el interés del "cachorrero" o de la pallaquera, que del concesionario informal que tiene un título habilitante que le permite explotar gente”, afirmó Molina, señalando que este enfoque generalizado facilita que algunos se aprovechen de los vacíos legales.
Molina también destacó la necesidad de construir un espacio de diálogo que permita incluir a las diversas realidades que conforman el Perú. Recordó su experiencia como viceministro de Gobernanza Territorial, cuando descubrió “las enormes diversidades de racionalidades” en el país.
“Si teníamos paciencia y respeto recíproco y el suficiente número de horas para escucharnos podíamos llegar a entendernos”, comentó.
Para él, este enfoque de respeto y diálogo es esencial para construir “una cultura de convivencia” y sentar bases para un proyecto común en Perú.
Por otro lado, Molina advirtió que la postura del gobierno de ignorar el descontento social y crear “escenarios artificiales de vaciamiento de la ciudad para sostener la quimera del APEC” no llevará al país a ninguna solución estructural, sino que profundizará la desconexión entre el Estado y las realidades de los ciudadanos.
[Foto de portada: Andina]
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