El cultivo de cáñamo (cannabis para uso industrial) en Perú no está tipificado como delito, según lo señalado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) en el memorándum N° 214-2022-JUS/DGDNCR enviado al Congreso, donde se indica que no es necesario modificar el Código Penal para regular esta actividad. Esto es consistente con la versión más actualizada de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, la cual permite el cultivo de cáñamo para usos industriales y comerciales.
Además, en diciembre de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó la eliminación del cannabis y sus derivados con bajo contenido de delta9-THC de la Lista IV de la Convención, reconociendo así su utilidad médica y señalando que productos como el CBD (cannabidiol), un componente no psicotrópico del cáñamo, no deben ser considerados estupefacientes ni sujetos a control internacional. Esta diferenciación es crucial para evitar la criminalización contra cultivadores y productores de un compuesto seguro y que no representa ningún peligro para la salud pública.
Ley del cáñamo observada en Perú
En Perú, las actividades con cannabis están legalizadas desde el 2017, con la promulgación de la Ley 30681, que le otorgó la exclusividad de las licencias a los laboratorios farmacéuticos. Esta fue modificada en 2021 con la Ley 31312, que incluyó a la producción artesanal de las asociaciones de pacientes o el llamado Cultivo Asociativo. Sin embargo, hasta la fecha, solo se ha otorgado 1 licencia a una empresa y no hay ningún producto peruano en el mercado formal.
En este complicado contexto para cultivadores y productores, en junio de 2024, el Congreso peruano aprobó el Proyecto de Ley de Desarrollo Agrícola del Cáñamo para Uso Industrial, el cual busca regular la producción y comercialización de cáñamo en el país. Sin embargo, en agosto, el gobierno de Dina Boluarte observó la ley con argumentos débiles como que regular el cáñamo para uso industrial podría representar un “riesgo al tráfico ilícito de drogas” y que su implementación “constituiría gastos de carácter permanente”.
A pesar de estas observaciones del Ejecutivo, diversos sectores de la sociedad civil han expresado su preocupación por otros aspectos. El químico farmacéutico Eduardo Pinto Manrique, en declaraciones a Sativa Info, advirtió que el proyecto podría abrir la puerta a la producción y comercialización de cannabinoides sintéticos, que han demostrado ser peligrosos para la salud en otros países como Estados Unidos.
Lecciones de California: el riesgo de los cannabinoides sintéticos
Pinto Manrique, con experiencia en la regulación del cannabis medicinal en EE. UU., señaló que California es un ejemplo de los riesgos de no regular adecuadamente el cáñamo y sus derivados. En ese estado, cannabinoides sintéticos como el delta-8 THC y el HHC han proliferado en el mercado, afectando negativamente la salud de los consumidores, especialmente menores de edad. Estos compuestos, poco estudiados y con efectos psicoactivos más fuertes de lo esperado, han sido prohibidos recientemente en California debido a sus efectos adversos, como confusión, ansiedad y alucinaciones.
“La ley del cáñamo en Perú podría repetir los mismos errores que se cometieron en Estados Unidos si no se regula adecuadamente. Quieren controlar algo que es seguro, como la planta de cannabis, y abrir la puerta a algo que es riesgoso para la salud, como los cannabinoides sintéticos”, explicó Pinto Manrique.
En estados como California, estos productos han sido prohibidos debido a sus efectos negativos, como alucinaciones y ansiedad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) ha señalado los peligros del delta-8 THC, lo que llevó a restricciones en su venta. Ante ello, la reconocida pediatra Bonni Goldstein lamentó que la prohibición esté perjudicando a pacientes que dependen del CBD para tratar enfermedades graves como la epilepsia y el autismo.
El debate sobre la modificación del Código Penal
Además de los riesgos para la salud, las asociaciones de pacientes y cultivadores de cannabis en Perú han advertido sobre los efectos que tendría una posible modificación del Código Penal. Respaldadas por la observación del Minjusdh que precisó que el cultivo de cáñamo no es delito en Perú, estas organizaciones han expresado su preocupación de que se criminalice a los productores y consumidores de cáñamo, como ocurrió con la regulación del cannabis medicinal, que no resolvió la inseguridad jurídica y generó obstáculos para la obtención de licencias de cultivo. Las asociaciones proponen la creación de un Registro de Cultivadores de Cáñamo que garantice la legalidad de las actividades de producción sin generar nuevas barreras legales.
La necesidad de una regulación integral
Pinto Manrique y las asociaciones de pacientes coinciden en la importancia de una regulación clara que diferencie el uso medicinal del industrial y que prohíba expresamente la producción de cannabinoides sintéticos. Asimismo, el especialista recomendó que las plantas de cáñamo con un contenido de THC superior al 1% no sean destruidas, sino donadas a asociaciones de pacientes que las necesiten con fines terapéuticos.
“El problema es que la ley medicinal de cannabis incluye al CBD, y debería aclararse que la receta médica solo debe aplicarse para THC, CBN, THCV, otros compuestos psicotrópicos y sus ácidos; mientras que el CBD y el Cannabigerol (CBG) deben ser tratados como compuestos seguros y de fácil acceso para los pacientes”, señaló.
Pinto Manrique sugirió que el Instituto Nacional de Salud (INS) debería supervisar la regulación del cannabis medicinal, dado su carácter tradicional y alternativo, y que el control no recaiga exclusivamente en un enfoque farmacológico como el que tiene la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).
Las asociaciones de pacientes y expertos en salud pública instan al Gobierno peruano a revisar con cuidado el proyecto de ley de cáñamo para evitar errores que podrían tener consecuencias graves para la salud de los usuarios, la seguridad de los cultivadores y el desarrollo de una industria de cáñamo segura y controlada.
- A continuación, adjuntamos el documento con las observaciones del Ejecutivo al Proyecto de Ley de Desarrollo Agrícola del Cáñamo para Uso Industrial, que detalla los argumentos presentados por el gobierno de Dina Boluarte para observar la ley aprobada por el Congreso en junio de 2024.
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