Ransa Comercial S.A.C., una de las principales empresas del Grupo Romero, enfrenta un conflicto laboral ante denuncias de hostilidad y la falta de cumplimiento de la orden emitida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). En declaraciones a LaMula.pe, representantes de los trabajadores afectados señalan que la empresa ha implementado medidas coercitivas para presionarlos a aceptar nuevas condiciones laborales bajo amenaza de perder sus puestos, a pesar de la resolución del MTPE que favorece su reincorporación.
Resolución del MTPE no aprobó cese colectivo
En noviembre de 2023, Ransa presentó una solicitud de Suspensión Perfecta de Labores, argumentando la necesidad de realizar cambios tecnológicos y estructurales para enfrentar una disminución de ventas y mejorar la eficiencia y competitividad en el mercado. El informe técnico, elaborado por Edgar Garay & Asociados, sostenía que sin estas reformas, la empresa podría enfrentar una grave crisis económica. Sin embargo, el 21 de febrero de 2024, el MTPE emitió la Resolución Directoral General 000039-2024-MTPE/2/14, la cual desestimó la solicitud de cese colectivo presentada por Ransa, declarando lo siguiente:
"Desaprobar la solicitud de terminación colectiva de los contratos de trabajo por causas objetivas sustentadas en motivos estructurales y tecnológicos solicitada por la empresa RANSA COMERCIAL S.A.C., de ochenta y uno (81) trabajadores".
Asimismo, el documento ordenaba la reincorporación de los trabajadores afectados y el pago de las remuneraciones dejadas de percibir durante el periodo de suspensión perfecta de labores, indicando que la empresa debía reponer a los empleados en sus puestos originales o realizar los pagos correspondientes en caso de no mantener vínculo laboral.
La resolución fue confirmada el 29 de febrero, agotando la vía administrativa tras desestimar los recursos de reconsideración presentados por la empresa y por uno de los trabajadores. A pesar de las resoluciones del MTPE, los trabajadores denunciaron que Ransa Comercial no ha cumplido con reponerlos adecuadamente.
Cartas a los trabajadores: "fuerza mayor" y traslados forzados**
Laura Rivas Quiroz, trabajadora de Ransa, declaró a LaMula.pe que la empresa ha intentado simular la reincorporación de empleados mediante la emisión de pagos y la presentación de documentos que aparentan el cumplimiento de la resolución del MTPE. Sin embargo, en la práctica, los trabajadores no han sido realmente reintegrados a sus puestos.
“Ransa nos ha ofrecido contratos como nuevos empleados, cambiando nuestros cargos y reduciendo nuestros salarios. Nos presionan con la amenaza de impedirnos el ingreso a las instalaciones si no aceptamos las nuevas condiciones”, denunció Rivas.
Además, señaló que la empresa no está notificando al MTPE sobre los movimientos de personal, lo que dificulta la supervisión de las condiciones laborales.
En principio, el conflicto afectaba a 300 trabajadores, de los cuales 70 han optado por seguir la vía judicial. De estos, 24 continúan con sus demandas activas. A 17 trabajadores se les ha presionado para que acepten nuevos contratos, mientras que otros 7 han sido nuevamente colocados en suspensión perfecta. Además, hay un grupo adicional de 150 trabajadores en suspensión perfecta que han reportado hostilidad laboral.
Este martes 3 de setiembre, LaMula.pe recibió información de que el conflicto se intensificó con nuevas comunicaciones enviadas por la empresa a los trabajadores. Un ejemplo de estas es una carta enviada a un trabajador en la categoría de Almacenero 1, fechada el 3 de septiembre de 2024. En ella, la gerencia de Ransa justifica el traslado forzado de Silva a una nueva sede en Pucallpa bajo el amparo de un supuesto "caso fortuito o fuerza mayor", argumentando que:
"Esta decisión se sustenta por la existencia de un caso fortuito y fuerza mayor que afecta la posición que usted viene ocupando en nuestra empresa, por lo que, a fin de privilegiar el mantenimiento de su relación laboral, se ha determinado trasladarlo a partir del día 07 de septiembre de 2024, usted debe hacer efectiva dicha labor en nuestra sede de ZONA SELVA GYP – PUCALLPA."
El memorándum también estipula que la falta de presentación en la nueva sede será considerada como incumplimiento de funciones y que los costos del pasaje aéreo serían descontados del salario del trabajador si no cumple con las nuevas disposiciones.
Para muchos de los empleados, este tipo de comunicaciones son percibidas como parte de una estrategia de hostilidad laboral, donde se les ofrecen opciones poco viables que generan inestabilidad y presión emocional. Laura Rivas Quiroz, trabajadora de Ransa, denunció a LaMula.pe que la empresa está implementando medidas para forzar la aceptación de nuevos contratos:
"Nos han llamado para firmar como personal nuevo, cambiándonos de cargo, de sede y reduciendo nuestro sueldo. Nos presionan con la amenaza de impedirnos el ingreso a las instalaciones si no aceptamos las nuevas condiciones"
Resistencia de los trabajadores y la vía judicial
Actualmente, 24 trabajadores han decidido continuar con sus demandas judiciales, mientras que otros han accedido a firmar nuevos contratos ante la necesidad urgente de mantener sus empleos. Sin embargo, los trabajadores que se niegan a aceptar los nuevos términos siguen denunciando hostilidad laboral y manipulación por parte de la empresa. Este grupo ha solicitado la intervención de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) para que realice una inspección inopinada en las instalaciones de Ransa en Callao.
A raíz de la negativa de Ransa a acatar la resolución del Ministerio de Trabajo, que ordenaba la reincorporación de los trabajadores y el pago de sus salarios, un grupo de empleados optó por llevar el caso ante el Poder Judicial. Entre ellos, Hilario Pascual Herrera Matos, quien presentó una demanda por despido incausado ante el Tercer Juzgado Especializado de Trabajo del Callao.
La demanda, admitida por el juez Diego Alonso Bojorquez Cruz, busca la reposición del demandante en su puesto de trabajo, así como el pago de intereses legales, costos y costas procesales. En la Resolución emitida el 22 de abril de 2024, el juzgado citó a ambas partes a una audiencia única, inicialmente programada para el 4 de julio de 2024. No obstante, el juzgado decidió reprogramar la audiencia, retrogradándola para el mes de octubre próximo. Esto ha generado aún más incertidumbre entre los trabajadores, quienes ven cómo el conflicto legal se prolonga, afectando su estabilidad laboral y económica.
En respuesta a consultas de LaMula.pe, el área de comunicaciones de Ransa respondió escuetamente que "por el momento" ningún representante de la empresa estaría brindando declaraciones sobre el tema.
El conflicto en Ransa ha puesto bajo el foco no solo a la empresa, sino también al Grupo Romero. Si bien el grupo empresarial ha sido ampliamente reconocido por su reputación corporativa, estos conflictos laborales podrían afectar la imagen de responsabilidad social que el conglomerado busca proteger.
Además, se debe considerar que de manera paralela a estos actos, se estaba llevando a cabo el proceso de negociación colectiva. El último sábado, ante el pedido de los trabajadores afectados, la asamblea del sindicato aceptó, por unanimidad, paralizar esta negociación hasta que Ransa cese con lo que consideran actos de hostilidad laboral.
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