Según el último informe sobre pobreza monetaria del INEI, 71.1% de la población ocupada tiene empleo informal, un 65.9% de población en edad de trabajar no está afiliada al sistema de pensiones y 7.9% de la población se encuentra en desempleo abierto y oculto. Además, hay 29% de la población en situación de pobreza con una línea mínima de 446 soles (120 dólares) de canasta de consumo por persona. Estas cifras reflejan la situación precaria del empleo en Perú en un contexto de aumento de la pobreza.
A pesar de esta problemática, existe una resistencia en mejorar la legislación laboral. Para Carlos Mejía, sociólogo especialista en relaciones laborales, no existe voluntad política para esto. “Hay un lobby empresarial, hay un conjunto de abogados que defienden a empresas y que tienen una agenda clarísima, que es no cambiar la legislación laboral”, señala Mejía en diálogo con LaMula.pe.
Por ejemplo, en marzo del 2022, el Estado peruano reconoció la necesidad de un Código de Trabajo, ya que Perú es uno de los pocos países en América Latina que no cuenta con un “cuerpo normativo articulado que sistematice coherentemente las normas aplicables a las relaciones laborales”. Por el contrario, advirtió el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), la dispersión normativa en materia laboral provoca que trabajadores y empleadores “deban recurrir a diversas y complejas normas -muchas veces difíciles de integrar- para poder conocer sus derechos y obligaciones, dificultando así el acceso a esta información”.
Al respecto, Mejía resalta que “de una dictadura asesina no vas a esperar que salga una normativa de la envergadura de un Código de Trabajo, que comprende un consenso amplio del mundo del trabajo, menos del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), que es una institución agotada, desdibujada y sin ninguna legitimidad”.
Ante la falta de instituciones que garanticen el respeto a los derechos de los trabajadores, “la negociación colectiva se presenta como uno de los pilares de las relaciones laborales”, resalta el sociólogo. En el Artículo 28 de la actual Constitución, se señala que el Estado “fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales”. Sin embargo, la tasa de sindicalización es muy baja con apenas 7% y esto debilita el poder de negociación de los trabajadores.
La causa de la baja tasa de sindicalización, sostiene Mejía, está en los contratos temporales promovidos durante la dictadura de Alberto Fujimori, que llegó a generar 17 modalidades de contratación temporal. “En nuestro país, por la debilidad del Estado para fiscalizar, los contratos temporales se desnaturalizan”, señala. Con ello, los sindicatos son pequeños y no hacen huelga, ya que no van a paralizar la producción y tampoco pueden ir a arbitraje, ya que esta tiene un costo y el resultado es incierto. Esta situación, señala el sociólogo, podría cambiar con la negociación colectiva por rama, algo que excepcionalmente viene ocurriendo en el sector de construcción civil.
En un contexto preocupante de violaciones a los derechos humanos en el país, Mejía resalta la fuerte relación entre democracia y sindicalismo, y hace un llamado al activismo político para mejorar las relaciones laborales. En el documento “Clase trabajadora y mundo del trabajo: lineamientos para una acción política eficaz”, de la Asociación Nuestro Sur, Mejía señala los problemas actuales del mercado laboral, como la alta informalidad, la precariedad laboral, la desigualdad de ingresos, el desempleo y el subempleo, las bajas pensiones y seguridad social, la brecha de género, la poca capacidad fiscalizadora, el impacto de la pandemia, entre otros factores.
Ante ello, el sociólogo propone devolver el predominio al régimen laboral general, una ley de primer empleo con derechos, defender y mejorar la actual regulación sobre tercerización laboral, el apoyo a las Mypes que incorporan trabajo con derechos, protección a los dirigentes sindicales, sindicatos y negociación colectiva por rama de actividad, darle poder al MTPE, entre otras propuestas.
el sector construcción civil es uno de los pocos en los que hay negociación colectiva por rama / foto: firma de acuerdo en setiembre del 2023 entre capeco y la ftccp / andina
Convenios colectivos
Con la asesoría jurídica de la asociación La Comuna, en abril pasado, el Sindicato de Trabajadores de la Corporación Mapfre logró un convenio colectivo con su empleador. En diálogo con LaMula.pe, representantes del sindicato resaltaron que se trató de una ardua negociación que duró un año, contó con la mediación del MTPE y resultó en un convenio sobre aumento salarial, aunque precisaron que solo se logró acuerdo sobre tres de los dieciocho puntos del pliego de reclamos.
RedLabora
El pasado 22 y 23 de abril, en una reunión entre 14 periodistas de 8 países de América Latina, se conformó la RedLabora, una red internacional de periodistas laborales creada por Repórter Brasil, con el apoyo de Solidarity Center, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) y un consorcio de sindicatos globales, con el objetivo de calificar e incentivar la cobertura periodística sobre este tema en los medios de comunicación de diferentes países, centrándose principalmente en los derechos laborales y la libertad sindical.
[Foto de portada: Andina]
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