La ley que podría dar impunidad a los criminales de lesa humanidad, aprobada por el Congreso, se explica porque Perú tiene una clase política comprometida con los crímenes del pasado, señaló, en La Mula TV, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera.
En "Encuentros Muleros" con César Azabache, Rivera señaló que esta ley que beneficiaría a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, consideradas como ofensas contra la humanidad, es similar a las leyes de amnistía aprobadas en 1995 durante la dictadura de Alberto Fujimori.
"Ese me parece que es un dato muy malo no solo para las víctimas, sino para la justicia. En realidad es un portazo en la cara a la justicia", dijo Rivera.
El abogado del IDL señaló que esta nueva ley que busca beneficiar a criminales de lesa humanidad es como decirle a la justicia peruana que no importan las interpretaciones jurídicas sobre los crímenes más horrendos ni las sentencias condenatorias porque se va a imponer "casi con una bota encima de la mesa" los intereses políticos.
Rivera mencionó otro antecedente de normas que buscan favorecer a criminales, como la resolución legislativa del 2003 que señalaba que los delitos de lesa humanidad tenían una fecha de validez jurídica. Al respecto, señaló, ya hubo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) en el 2011.
En esos ocho años, destacó hitos importantes para la justicia peruana, como la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la creación de un subsistema de justicia especializado en crímenes contra los derechos humanos, el cual comienza a funcionar en el 2004 y emite su primera sentencia en el 2006. Sin embargo, en el 2010, se emitió el decreto legislativo publicado por el expresidente Alan García, que decía lo mismo que la reciente norma aprobada por el Congreso, que la imprescriptibilidad solo podía ser aplicada de 2003 en adelante.
Ante ello, contó Rivera, un grupo de congresistas planteó una acción de inconstitucionalidad y seis meses después el TC respondió y dijo que esa interpretación estaba absolutamente fuera del derecho internacional porque "los Estados pueden hacer reservas, pero no reservas sobre los objetos del tratado".
¿A qué se debe que se insista con aprobar normas para favorecer a los criminales de lesa humanidad? Para Rivera, el problema es que tenemos "una clase política comprometida con los crímenes del pasado". En el 2003, por ejemplo, la bancada que impulsó la norma fue la del Partido Aprista, que sintió la posibilidad de que la justicia los alcance y había que ponerle freno.
"Los primeros que intentan darle operatividad a esa resolución legislativa en los términos que fue promulgada fueron gente vinculada al Partido Aprista y a los crímenes del gobierno aprista. Creo que eso no ha cambiado", dijo.
Rivera agregó que no solo el TC se ha pronunciado sobre el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, sino también magistrados del Poder Judicial (PJ). Uno de los casos más emblemáticos en el que los perpetradores buscaron ser beneficiados fue en el de la Matanza de los Penales El Frontón, por el que se presentaron 35 solicitudes.
"Es decir, 35 veces los magistrados se pronunciaron sobre este tipo de excepciones en esta línea de interpretación: son crímenes internacionales, imprescriptibles. Esto es tiempo antes de que se incorpore la convención sobre imprescriptibilidad y el TC emita una sentencia como la de marzo 2011", señaló.
El abogado del IDL explicó que el argumento del PJ fue que "son crímenes internacionales, crímenes de lesa humanidad, por lo tanto debe continuar su juzgamiento".
"Se plantearon porque la defensa decía que habían pasado 20 años de la Matanza de El Frontón, por lo que solicitaron la prescripción y ahí se abrió el debate. Hubo otros casos, como Barrios Altos, en los que muy tibiamente se originaron algunos pronunciamientos. De hecho, el primer pronunciamiento de un magistrado en el sistema judicial peruano es del año 2002, cuando dice que estos son crímenes de lesa humanidad, de ahí hay toda una secuencia que camina de manera desarrollada en la jurisprudencia penal", resaltó.
Sobre la aplicación de la ley recientemente aprobada por el Congreso, Rivera señaló que la norma va a tener un problema cuando un grupo reducido de condenados busque salir en libertad. En ese sentido, mencionó que en los últimos quince años, el PJ ha emitido más de 30 sentencias en las que se ha condenado por delitos de lesa humanidad como crímenes contra los derechos humanos considerando el derecho internacional.
"Desde el 2006, el subsistema penal de derechos humanos ha emitido 108 sentencias en crímenes contra los derechos humanos. De esas, unas 30 o 32 sentencias califican expresamente los crímenes como de lesa humanidad, en casi todos esos casos la Corte Suprema ya ha emitido una sentencia de confirmación además con un dato jurisprudencial muy importante: la Corte Suprema ha desarrollado niveles de interpretación o de apreciación jurídica de derecho internacional que han hecho los tribunales penales sobre crímenes de lesa humanidad. La Corte Suprema lo que ha hecho fundamentalmente es tener una línea de desarrollo sobre esa materia", recalcó.
Los delitos de lesa humanidad son actos graves que constituyen violaciones de derechos humanos y que se consideran como ofensas contra la humanidad. Según el derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad no prescriben y pueden ser perseguidos y juzgados sin importar cuánto tiempo haya pasado. Sin embargo, el Congreso de Perú ha aprobado una ley que considera que estos graves delitos pueden prescribir si han sido cometidos antes del 2002.
De acuerdo con la Corte Penal Internacional (CPI), los principales actos que constituyen crímenes de lesa humanidad son: asesinato, desaparición forzada, tortura, violación, esclavitud sexual, esterilización forzada u otros abusos sexuales, entre otros graves crímenes.
[Redacción: Jorge Paucar Albino / Foto de portada: Congreso de Perú / Flickr]
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