La sociedad peruana está enfrentando a "un grupo de negacionistas, ahora congresistas, con mucho poder” que buscan minimizar la gravedad de delitos de lesa humanidad aprobando una ley que limita la justicia para estos crímenes cometidos antes del 2002, señaló, en La Mula TV, Gisela Ortiz, reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos en 1993 y 2007.
En el programa "Al Filo", Ortiz lamentó que en los últimos años estos congresistas, que aprobaron la ley que daría impunidad a criminales de lesa humanidad, no denunciaron la gravedad de estos delitos como desaparición forzada, violación sexual y asesinato extrajudicial.
"Nadie ha dicho una palabra sobre esta gravedad y, sin embargo, con mucha rapidez salen a querer legislar sobre delitos que, ya conocemos todos, son imprescriptibles, que nunca pasa el tiempo para ser juzgados e intentan ponerles ciertos plazos, a partir del 2002, en un país donde la primera respuesta política frente a la movilización es siempre mandar a reprimir con violencia", dijo recordando recientes casos de heridos y muertos en protestas sociales.
La exministra de Cultura precisó que el periodo de 1980 a 2000, se llame conflicto armado interno o época del terrorismo, dejó miles de muertos y más de 20,000 desaparecidos. Esto es algo que debería espantar a la ciudadanía por la manera criminal en la que actuaron algunos miembros de las Fuerzas Armadas y los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA, señaló. Por ello, es fundamental reconocer y juzgar estos crímenes.
"Esa debería ser nuestra preocupación en un país post guerra. Estamos saliendo de ese conflicto y seguimos viviendo esas consecuencias sin que nada cambie y más bien vamos retrocediendo porque ahora ya se niegan los delitos, ahora ya se dice que no se cometieron esos crímenes, que ya no hay nada que juzgar, que no hay responsables y los familiares seguimos no solo exigiendo justicia, sino que haya respuestas por nuestros desaparecidos", señaló.
La activista advirtió que la ley aprobada por el Congreso genera un impacto negativo en el derecho a la verdad y justicia de todos los ciudadanos. En ese sentido, señaló la importancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) como mecanismos de protección ante un Estado que no garantiza derechos.
"La Corte-IDH no solamente ha emitido sentencias en casos graves de violaciones a los derechos humanos como en el caso de la desaparición de Ernesto Castillo Paez, las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, etc, sino también cuando se han afectado otro tipo de derechos, como derechos laborales, despidos arbitrarios y violencia sexual. Si tenemos un Estado que cada vez debilita más a sus instituciones y que no garantiza derechos, este sistema interamericano es una forma de protección a esos derechos que el Estado no atiende", afirmó.
Para Ortiz y otros especialistas en derechos humanos, como expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la reciente ley aprobada por el Congreso representa un retroceso significativo y un incumplimiento de las obligaciones internacionales de Perú. Cabe resaltar que el Legislativo aprobó esta norma a pesar de un pedido de la Corte-IDH y de un llamado de la ONU.
[Foto de portada: Congreso de la República]
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