Dos distintos conflictos mineros afectan a comunidades campesinas de la provincia de Cotabambas (Apurímac) en la zona de Minera Las Bambas (MMG Limited).
En el caso de la Comunidad Campesina de Huancuire, un grupo de comuneros venía protestando por la presunta afectación de las fuentes de agua por la actividad extractiva de la minera. Cerca a esta comunidad, se ubica el Tajo Chalcobamba, el cual fue anunciado en febrero pasado por MMG Limited como “la siguiente fase del desarrollo de Las Bambas”. “Estamos trabajando estrechamente con la comunidad de Huancuire y hemos firmado cinco contratos con empresas comunitarias que han permitido iniciar las primeras obras en Chalcobamba”, dijo en ese entonces el CEO interino de MMG Limited, Liangang Li, en declaraciones a Energiminas.
Sin embargo, un grupo de comuneros ha venido denunciando presunta contaminación ambiental en la zona. El Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú (OCM) informó que el miércoles 29 de mayo una comitiva de aproximadamente 80 personas ingresó a la zona del Tajo Chalcobamba acompañados de funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con el objetivo de constatar la situación de las fuentes de agua.
“Están destruyendo manantiales, bofedales, puquiales, toda nuestra cabecera de cuenca”, denunció una fuente del OCM. “Anteayer hemos entrado al tajo donde están trabajando, para constatar los ojos de agua, y el agua está de color azulino”, agregó.
Los comuneros se mantuvieron en la zona de manera pacífica esperando que representantes del Estado o Las Bambas lleguen para dialogar; sin embargo, la única respuesta estatal fue a través de la Policía. En la madrugada del viernes, alrededor de la una de la mañana, efectivos policiales lanzaron bombas lacrimógenas para desalojar a los comuneros. Como consecuencia de la represión, al menos una comunera resultó herida, reportó el OCM.
Por otro lado, también por la madrugada del 30 de mayo, la Comunidad Campesina de Pumamarca, fue afectada por un desalojo por presunta minería ilegal en la zona denominada Sallawi, terreno que MMG Limited compró a la comunidad entre el 2011 y 2012. Según los comuneros, esta venta fue “injusta y asimétrica”. “El 2011 vinieron a estafarnos con el cuento de que iba a haber empleo y desarrollo, vinieron con esa propuesta de comprarnos terrenos y nos han valorizado a 20 céntimos el metro cuadrado. Por eso el 2020 nosotros hemos dicho que nos devuelvan esos terrenos para usufructuarlos para nuestra agricultura y pastoreo”, explicó el exdirigente comunal Melchor Vargas. Desde ese año, un grupo de 40 comuneros tomó posesión instalando carpas y cabañas.
Según cuenta Vargas, el desalojo fue a las cuatro de la madrugada y no fueron notificados ni tuvieron conocimiento de una orden judicial para ejecutar este desalojo. “Nos han sorprendido (...), entraron a destruir nuestras cabañas, nuestras carpas, y ha empezado un enfrentamiento”, señaló. Producto de este desalojo, hay ocho personas heridas, entre comuneros y efectivos policiales. “Queremos diálogo, no queremos más enfrentamientos ni muertes”, dijo Vargas.
Para el OCM, en la compra-venta de las tierras comunales, el Estado “no cumplió con un rol activo de acompañamiento a la comunidad ni como garante de derechos”.
Sin embargo, el desalojo no fue motivado por supuesta usurpación de terreno, sino por minería ilegal. En un comunicado, MMG Limited señaló que se trató de una “intervención de interdicción contra la minería ilegal ejecutada por la Policía Nacional del Perú (en cumplimiento de un mandato judicial). “Algunos miembros de la comunidad de Pumamarca han venido siendo azuzados por los mineros ilegales con la finalidad de tomar algunas acciones violentas en contra de activos de la empresa”, agregó la minera en un comunicado.
Al respecto, los comuneros de Pumamarca sostienen que estas acusaciones son "calumnias", aunque reconocen que son "mineros artesanales" desde sus ancestros. "No somos ilegales", afirmaron al OCM. Cabe precisar que en los estatutos de la comunidad campesina, el área de Sallawi se considera "intangible y su finalidad es cultivar productos, pastos, forestar, en proporciones iguales para cada comunero. Siendo prohibido su cambio de uso".
Ante esta compleja situación en la provincia de Cotabambas, el director de CooperAcción, Abel Gilvonio, hizo un llamado a la intervención estatal para promover el diálogo. Señaló a instituciones como la Defensoría del Pueblo para la aplicación de mecanismos de protección para personas defensoras de derechos humanos y se atiendan las demandas de ambas comunidades afectadas.
[Redacción: Jorge Paucar Albino / Foto de portada: Jacqueline Fowks]
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