En conferencia de prensa, Aldo Vásquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no descartó la posibilidad de emprender acciones legales frente a la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de destituir e inhabilitar a los magistrados del pleno de la JNJ.
Tras su comparecencia ante la Comisión Permanente del Congreso, Vásquez manifestó que la entidad está abierta a explorar todas las vías legales posibles para salvaguardar su integridad institucional.
Vásquez expresó que la JNJ considera todas las formas de defensa, incluyendo acciones judiciales y apelaciones a instancias supranacionales, así como la difusión de su posición a través de medios de comunicación, foros parlamentarios y académicos.
"No descartamos ninguna alternativa legítima para proteger la institucionalidad de la junta", afirmó, señalando que ya se han tomado medidas cautelares y obtenido fallos favorables de la justicia local en defensa de sus derechos.
El magistrado criticó el proceso llevado a cabo por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), sugiriendo que se han vulnerado derechos fundamentales de los miembros de la JNJ, como la imparcialidad y objetividad, especialmente en el informe presentado por el congresista Esdras Medina.
Vásquez señaló que Medina había mostrado previamente una postura que podría interpretarse como prejuiciosa, al votar por la remoción de los miembros de la JNJ en un procedimiento anterior basado en las mismas causas.
Además, mencionó que se había propuesto la remoción inmediata de los miembros de la JNJ por haber iniciado investigaciones contra la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, lo que a su juicio, demuestra una falta de motivación adecuada en el informe de Medina.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó recientemente la destitución e inhabilitación por 10 años de los magistrados de la JNJ, incluyendo a su presidente y vicepresidente, en un contexto de creciente tensión entre el poder legislativo y los órganos autónomos del Estado. La decisión ha sido criticada por diversos sectores que la consideran un ataque a la independencia judicial y un retroceso en la lucha contra la corrupción.
[Foto de portada: Congreso]
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