En un movimiento que ha sacudido al sistema judicial peruano, la Comisión Permanente del Congreso ha aprobado la acusación constitucional y la posterior inhabilitación por 10 años de los magistrados del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), incluyendo a su expresidenta Imelda Tumialán y al vicepresidente Aldo Vásquez. La decisión, basada en el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ha sido recibida con consternación y alarma por parte de diversos sectores de la sociedad.
Este lunes, la Comisión Permanente decidió acusar constitucionalmente e inhabilitar por una década a los magistrados de la JNJ. Las medidas se extendieron a otros miembros como José Ávila, quien recientemente renunció, y el actual presidente Humberto de la Haza, junto con María Zavala, Guillermo Thornberry y Luz Tello.
Durante la sesión, se presentaron argumentos de defensa por parte del abogado Samuel Abad, quien destacó la designación de la magistrada Luz Tello por un periodo de cinco años, desafiando la interpretación de que su mandato debía concluir al alcanzar los 75 años de edad, precisando que esta edad es para acceder al cargo, pero no condiciona su permanencia. Esta defensa subrayó la parcialidad del informe por no incluir todas las perspectivas relevantes.
Otros congresistas defendieron la legalidad y la independencia de la institución, advirtiendo sobre los riesgos de politizar el sistema de justicia y afectar la estabilidad democrática del país.
Este conjunto de decisiones ahora se traslada al pleno del Congreso para su consideración, con una sesión plenaria prevista para el 6 de marzo.
La medida, que afecta a la entidad encargada de nombrar, evaluar y ratificar a jueces y fiscales en el país, ha sido interpretada por críticos como un intento de socavar la independencia del poder judicial y consolidar el control político sobre las instituciones democráticas del Perú. La defensa de los magistrados acusados ha denunciado la falta de fundamentos sólidos en las acusaciones y ha señalado la influencia de intereses políticos en el proceso.
[Foto de portada: Congreso de la República]
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