El caso de Mila, la menor de 11 años a quien se le practicó un aborto terapéutico tras ser víctima de abuso sexual, sigue generando reacciones en la esfera política y médica del país. En declaraciones a RPP, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, señaló que el congresista Jorge Montoya "está mal asesorado" al solicitar información médica detallada sobre el procedimiento realizado a la menor.
El pedido de Montoya, que busca conocer las razones que justificaron el aborto terapéutico, ha sido cuestionado por especialistas y defensores de derechos humanos. Según el CMP, este tipo de solicitudes podría contravenir la Ley de Protección de Datos Personales, ya que se estaría vulnerando la privacidad de la paciente.
El decano del CMP explicó que la información relacionada con el acto médico solo puede ser solicitada por el paciente o por un magistrado del Poder Judicial. Urquizo fue enfático al señalar que Montoya estaría contraviniendo la ley al solicitar dicha información. "El parlamentario no tiene ningún derecho (a ese pedido). Está violando la ley de la Salud, la privacidad del acto médico porque es privado. No le pueden dar la información", remarcó.
Por su parte, el exdecano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Mario Amoretti, subrayó que el pedido del congresista no tiene sustento legal ni constitucional. Amoretti consideró que el pedido se hizo exclusivamente para llamar la atención a la opinión pública. A su vez, Juan José Quispe, abogado penalista del IDL, resaltó que la información relativa al acto médico tiene carácter reservado y solo puede develarse por orden judicial.
El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó recientemente que se llevó a cabo el aborto terapéutico a la menor, un procedimiento que se encuentra permitido en el país en casos donde la vida o la salud de la madre esté en riesgo. La decisión se tomó después de una serie de evaluaciones médicas y psicológicas que determinaron la necesidad del procedimiento para proteger la salud mental y física de Mila.
El congresista Montoya ha solicitado al Ministerio de Salud las razones que justificaron el aborto terapéutico, generando críticas y cuestionamientos sobre la intromisión en asuntos de privacidad médica.
El caso de Mila ha reavivado el debate sobre el aborto terapéutico en el país, poniendo en evidencia la necesidad de garantizar los derechos y la protección de las víctimas de abuso sexual, especialmente cuando se trata de menores de edad.
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