Está en todos lados. Para el antropólogo Alejandro Diez Hurtado, autor del informe "Las múltiples dimensiones del tráfico de tierras en la costa peruana" (Cnddhh, 2023), este problema es un "fenómeno omnipresente".
En una entrevista con Javier Torres en el programa 'Al Filo' de La Mula TV, Diez Hurtado contó que cuando la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) le dio el encargo de elaborar este informe pensó que este era un problema de unos cuántos casos por explorar, pero que cuando empezó a buscar información encontró que hay problemas de tráfico "en absolutamente todas las ciudades de la costa peruana". "Lo que se puede decir de este fenómeno es que es omnipresente", aseveró.
"Afecta a cientos de miles de personas en su vida cotidiana, en sus proyecciones, en sus capacidades de capitalización y que tiene que ver con fenómenos que están a la vista de todo el mundo, es una experiencia cotidiana para muchísima gente, que los que vivimos en los centros de las ciudades no nos percatamos, pero eso es cosa de todos los días para las poblaciones que están en las zonas marginales en todas las ciudades en crecimiento", señaló.
Diez Hurtado explicó que los principales usos que se le dan a las tierras traficadas es el inmobiliario, pero no solo como vivienda, sino también como residencia o para tener un espacio adicional, como el caso de las csas de playa. De igual manera, mencionó, las tierras son usadas para actividades económicas como la agroexportación y la ganadería, así como otras de tipo industrial como mecánicas, almacenes, pollerías, cementerios y centros comerciales.
"Yo diría que hay tres grandes usos: uso urbano, uso de producción agropecuaria y uso de industrial o de servicios. Y dependiendo de la proximidad a las ciudades y de que es lo que se necesita, que se da de alguna u otra forma", precisó.
Diez Hurtado agregó que también hay tierras usadas como botaderos de basura y otros servicios asociados a la vida en la ciudad.
Respecto a la legitimidad de las comunidades campesinas, el antropólogo señaló que la mayoría están legalmente reconocidas y son antiguas, pero el problema surge cuando hay movimientos internos dentro de las organizaciones como el provocado por la migración y la modificación en la conformación de la comunidad, en la que los nuevos comuneros pasan a ser mayoría y superar en número a los comuneros fundadores o sus descendientes.
"El primer movimiento es un movimiento interno que tiene que ver con la migración de población adyacente que no es originariamente comunera, que termina insertándose en la comunidad, que se adscribe como comunera y que literalmente termina expropiando la comunidad a los comuneros originales", señaló.
"Jicamarca es el caso más evidente pero hay muchos otros casos en los que la población migrante que se ha sumado a la comunidad puede ser más que la población comunal originaria y sus descendientes", agregó.
Por otro lado, el antropólogo señaló el proceso de descolocamiento de las comunidades como causa de la falta de atención del Estado.
"Todas las leyes están hechas para que las comunidades de costa se desprendan de sus territorios. Hay una serie de crisis institucional que las propias comunidades no pueden resolver porque los problemas son judicializados, pasan por Registros Públicos, se colocan en el limbo, hay disputas internas entre los comuneros porque a fin de cuentas estos comuneros ya no son población agropecuaria por las razones que sean, porque han cambiado de actividad económica o los comuneros que han llegado ya no son lo que la ley de comunidades estipula, que es una ley para una realidad que en la costa no existe y en la sierra está dejando de existir", explicó.
Para el autor del informe "Las múltiples dimensiones del tráfico de tierras en la costa peruana", una de las causas del problema es la descoordinación entre las diferentes instancias del Estado en las que "cada una cumple sus funciones de manera bien recortada y no tiene en cuenta lo que pasa con las otras".
"Y en este momento hay descoordinación entre instancias estatales tanto en las registrales como las judiciales y municipales. Cada uno hace cosas distintas y se cruzan entre ellas, se serruchan el piso y más bien contribuyen a un desorden que solo favorece al traficante", señaló.
Además, el antropólogo explicó que el Estado peruano ha renunciado a resolver el problema de la vivienda y dejar que este dependa del mercado.
"Esa fue la gran receta de los noventa que se implementó y está claro que se produce justamente lo contrario de lo que tenía que generar, que es un ordenameinto, una forma más eficiente de asignar los recursos. Esto ha generado un desorden inmanejable", dijo.
Por último, Diez Hurtado mencionó el problema de la corrupción por lo que hay alcaldes involucrados en casos de tráfico de tierras, así como funcionarios de Registros Públicos y jueces de paz que legalizan documentos que no son auténticos, por ejemplo.
"Esto tiene que ver con una serie de actuaciones por lo menos extrañas, de instancias del Estado, algunas de ellas abiertamente en delito, acusados y registrados y procesados, incluso condenados por estas actividades", señaló.
Diez Hurtado sostuvo que en las zonas donde se han implementado políticas públicas sobre programas de vivienda hay menos tráfico de tierras.
Puedes leer el informe completo aquí: https://ow.ly/fNtZ50OUtmL
Mira la entrevista en La Mula TV:
[Escribe: Jorge Paucar Albino / Foto: Andina]
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