A pesar de las advertencias de que sería inconstitucional, este miércoles, el Congreso de la República aprobó por insistencia la ley que permitiría que los civiles que trabajan como agentes del Serenazgo Municipal puedan detener y hacer uso de la fuerza en sus intervenciones.

Con 111 votos a favor, 4 abstenciones y 0 en contra, el Pleno del Congreso aprobó la ley para que los serenos puedan usar grilletes de seguridad, escudos, bastones tonfa, aerosoles de pimienta y chalecos antibalas para el cumplimiento de sus funciones. El Legislativo le ha dado 30 días calendario a partir de la entrada en vigor de esta ley para que el Ejecutivo modifique el Reglamento de la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal (Decreto Supremo 009-2022-IN).

Anteriormente, el Ejecutivo, durante este gobierno de Dina Boluarte, se había manifestado en contra de esta ley, ya que las detenciones son competencia exclusiva de la Policía Nacional del Perú (PNP).

En un oficio remitido al presidente del Congreso, José Williams Zapata, el Ejecutivo advirtió que esta ley sería inconstitucional.

"La fuerza pública es ejercida de forma exclusiva por la Policía Nacional y, excepcionalmente, por las Fuerzas Armadas en las situaciones expresamente previstas en el texto constitucional”, recordó.
“El uso de estos dispositivos está destinado al arresto, ejerciendo la fuerza del Estado; [...] solo la Policía Nacional del Perú se encuentra facultada a realizar el arresto”, agregó.


Es una amenaza

En diálogo con LaMula.pe, el abogado Enrique Castro Vargas, exdirector de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Mininter), conincidió en que esta ley podría ser declarada inconstitucional.

Para Castro Vargas, esta ley contribuye al desorden en materia de seguridad ciudadana, ya que se estaría violando el monopoilio de la fuerza que ejerce el Estado a través de la PNP y las Fuerzas Armadas.

El coordinador del Taller de Asuntos Públicos (TAP) recordó que ni siquiera muchos policias actúan de manera adecuada en sus intervenciones respetando los derechos humanos, la presunción de inocencia y el Código Penal. La situación se complica si se le da el poder de detener a civiles a civiles no formados como son los serenos, advirtió.

En ese sentido, el abogado advirtió que el darle el poder de detener a los serenos significa un peligro para los grupos más vulnerables como los ambulantes, las trabajadoras sexuales y los usuarios de drogas en situación de calle.

"Un juez puede inaplicarla, pero, para ello, se requiere el actuar, que algún gobierno local compre grilletes y que los serenos detengan y este grupo de personas detenidas podría hacer la denuncia", explicó.

Además, señaló que esta ley representa "una oportunidad de negocio para muchos alcaldes mercantilistas y conservadores".

"La mezcla de conservadurismo con mercantilista va a hacer que se compre mucho para reprimir a la población más vulnerable o en situación de riesgo para apresarlos. Los podrían mantener detenidos y los municipios armar sus propias carceletas", advirtió.

Como solución a los problemas señalados por los parlamentarios, relacionados a la vulnerabilidad de los serenos, Castro Vargas mencionó al patrullaje mixto, que los serenos vayan acompañados de un efectivo policial para que se cumplan los protocolos, y que hagan uso de la tecnología y la inteligencia a través de radios y trabajo en equipos.


[Foto de portada: Andina]


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