Privilegiados aquellos que no tuvieron que luchar por conseguir una cama de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) o un balón de oxígeno durante la pandemia por covid en Perú. Ahora que la Organización Mundial de la Salud (OMS) oficializó el fin de la pandemia, recordamos que la llegada del nuevo coronavirus al país puso en evidencia lo que se venía denunciando en los últimos veinte años: que el crecimiento económico y el desarrollo social han sido dos vías desconectadas en una situación que ha generado mayor desigualdad.
En la primera 'Terraza Mulera' sobre #ElPerúQueQueremos, la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, se preguntó por qué "un país como el nuestro, que crece como ha crecido en los últimos años, tuvo la tasa de mortalidad más alta durante la primera ola de la pandemia".
"No era necesario explicarle a los familiares de las personas que murieron por falta de camas y médicos, que en el país había una exclusión, una pésima distribución de los recursos, niveles de corrupción inaceptables y que ese crecimiento económico real representaba cifras macroeconómicas que no aterrizaron en la agenda", dijo Pérez Tello en el evento organizaco por LaMula.pe y Útero.pe
Esto, señaló, tenía que ser responsabilidad de alguien.
"Y la gente entendía que la Constitución y las leyes permitían una concentración de poder que generaba esas consecuencias, lo que no necesariamente es cierto, pero no importa lo que diga la Constitución en el artículo que lo diga si la gente se muere en el número más alto en el mundo cuando fue el país que más creció en los últimos veinte años. Algo no tiene ninguna lógica", señaló.
Además, las tasas de anemia y desnutrición indican que hay un problema: 4 de cada 10 a nivel nacional y 7 de cada 10 en la región Puno.
"Esto explica con total claridad que hay lugares que son más excluidos que otros, y hay personas que sufren mucho más que otras la falta de capacidad del Estado de distribuir la riqueza", dijo la exministra.
En ese sentido, Pérez Tello hizo referencia al informe del Latinobarómetro que se publicó en el 2022, año en el que Pedro Castillo fue elegido como presidente.
"En ese informe, se concluía que en Perú había un Estado fallido, a secas, todavía él no era presidente, así que no le estaban echando la culpa a él, él era una consecuencia del Estado fallido. Hablaba de los 18 candidatos en ese momento, del Congreso fragmentado que hacía inviable la gobernabilidad y hablaba adicionalmente de cosas que me parecen importantes que la postandemia nos dejaba en una situación de crisis económica y política que era fruto de una desilusión por problemas de representación. Se reconocía una crisis de representación por un lado y una falta de eficiencia en la gestión", recordó.
La exministra precisó que "las condiciones que permitieron que un señor como Castillo llegara al Gobierno eran previas, no nacieron con él".
Por otro lado, señaló que en el Perú nadie cumple la ley. En ese sentido, mencionó el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que señalan "una repetición de lo que ya vivimos en el país, una sensación de permanente de impunidad en la que se confunde el rol del Estado".
"No se entiende que a un delincuente no le puedes pedir una conducta debida, pero al Estado le debes exigir una conducta debida, y el uso de la fuerza que tú le das es para que te proteja, no para que te dañe", señaló.
La exministra de Justicia y Derechos Humanos precisó que "esto no tiene que ver con derechas o izquierdas, este es un concepto básico de Estado de derecho".
Con ello, estamos en una situación en la que falla el sistema de justicia y hay una politización de la justicia, los cuales "son otros síntomas gravísimos que tenemos que tener en cuenta porque lo que ha fallado es el Estado de derecho".
"Por eso somos un Estado fallido", reiteró.
Pérez Tello agregó que el Estado peruano no es capaz de hacer cumplir la ley con tasas de impunidad inaceptables, tampoco es capaz de recabar tributos y distribuirlos con criterios de justicia, tiene un 85% de informalidad en la economía del país, en la que la mitad es economía ilegal, y hay lugares como Madre de Dios, donde la tasa de desempleo es la más baja del país, pero también tiene la tasa más baja de acceso a servicios. Con ello, sostuvo, "queda más claro que el desarrollo de una persona a partir de una economía ilegal no garantiza el acceso a servicios básicos si no tienes un Estado eficiente".
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[Foto de portada: Jarmila Medina / Ojo Público]
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