Tras la publicación del nuevo Reglamento de cannabis para uso medicinal, que incluye a la Producción Artesanal con Cultivo Asociativo (Ley 31312), los reclamos de las asociaciones y los oficios enviados por congresistas, representantes del Poder Ejecutivo vienen sosteniendo reuniones con la sociedad civil. En ese contexto, el Ministerio de Salud (Minsa) ha señalado que los pacientes de asociaciones que no obtengan la licencia podrían ir a la cárcel.

"Si bien es cierto la siembra, el cultivo y la comercialización están penadas con cárcel, solo aquellos que cuenten con las licencias no podrán ir a la cárcel. Es por eso que es importante contar con las licencias y los pacientes también tienen que estar registrados. Esto es lo que indica la ley, que modifica el Código Penal", dijo la química farmacéutica Yisela Vargas Correa, del Equipo de Productos Controlados de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID).

En el webinar "¿Sabes cuál es el reglamento que regula el uso medicinal y terapéutico del Cannabis y sus productos derivados?", que se llevó a cabo el pasado 16 de marzo, la funcionaria del Minsa reiteró que esta modificación al Código Penal por la Ley 31312 menciona que "aquellos que tengan licencia para la producción artesanal con cultivo asociativo no serán juzgados o llevados con pena de cárcel". 

En el 2021, cuando la Ley 31312 era proyecto legislativo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) señaló ante el Congreso que no era necesario modificar el Código Penal, ya que, con la ley que regula el uso medicinal de la cannabis (ley 30681), el autocultivo y el cultivo asociativo ya estaban habilitados y "depende cómo se regule en la vía administrativa". Sin embargo, finalmente, la Ley 31312 sí modificó el Código Penal sin considerar los derechos constitucionales a la salud y libre asociación.

Ahora, el nuevo Reglamento contiene amenazas de denuncias penales en caso de faltas administrativas. Ante ello, en declaraciones a LaMula, abogados han recordado que el Código Penal solo sanciona las actividades de tráfico y que estas no son aplicables al autocultivo ni al cultivo asociativo, que son actividades para el propio consumo.

"Los funcionarios públicos deberían tener claro que las infracciones administrativas, por su naturaleza, no conllevan a privación de la libertad", dijo Pedro Vera Ortiz, abogado y defensor de usuarios de cannabis.

Leonardo Latinez Ansaldo, abogado con experiencia en litigios de casos vinculados a cannabis, advirtió que se estaría criminalizando una actividad legal como el cultivo coletivo con fines medicinales. 

"Se estaría penalizando una infracción administrativa. Al castigar la producción artesanal con cultivo asociativo sin licencia, hay un problema porque los cultivos asociativos siempre han estado protegidos porque no comercializan. No tiene sentido que por una infracción administrativa se trate de criminalizar, carece de sustento jurídico", dijo Latinez.

Para Enrique Castro Vargas, abogado y exdirector de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Mininter), tanto la Ley 31312 como el nuevo Reglamento deja en situación de vulnerabilidad a cultivadores y pacientes, ya que están expuestos a criminalización mientras no obtengan la licencia.

Ante ello, el exfuncionario del Mininter propuso que el Ejecutivo reconozca a las asociaciones que están inscritas en Registros Públicos (SUNARP) y en el Registro Único de Contribuyentes (SUNAT). "Así muestran voluntad para no ser parte de la evasión o la informalidad", resaltó. Además, sostuvo que el Estado debería considerar la condición de "licencia en trámite" para que los derechos constitucionales a la salud y libre asociación no se vean afectados.

- Si estás de acuerdo en que no se criminalice a los cultivadores medicinales, firma la campaña #NoMásPresxsPorPlantar en la plataforma Change.org.

Barreras burocráticas que afectan el derecho a la salud

Para obtener la licencia de producción artesanal con cultivo asociativo, el Reglamento publicado exige que los pacientes usuarios cuenten con recetas médicas (las cuales son retenidas y solo tienen 30 días de vigencia), que estén en el Registro Nacional de Pacientes Usuarios de Cannabis (RENPUC) del Minsa y que cada uno tenga una justificación médica firmada por el tratante.

Al respecto, se debe considerar que apenas el 2% del total de médicos colegiados ha prescrito alguna vez cannabis. El nuevo Reglamento persiste en que todo tipo de producto de cannabis sea dispensado con receta médica, incluso aquellos que califican como "cannabis no psicoactivo", que según es sustancia no controlada.

Además, la normativa exige que las asociaciones de pacientes estén en Registros Públicos (SUNARP), tengan número de RUC, cuenten con licencia de funcionamiento municipal, obtengan un certificado de seguridad emitido por la Dirandro del Ministerio del Interior (Mininter), cuenten con un plan de cultivo aprobado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), que analicen sus productos en laboratorios autorizados por el Instituto Nacional de Salud (INS), presenten previsiones anuales y balances trimestrales, entre otros requisitos.

Con estos requerimentos, vienen advirtiendo diversas asociaciones cannábicas desde el 2021, obtener la licencia de producción artesanal con cultivo asociativo sería un trámite engorroso, costoso y que dejaría expuestas a criminalización a los pacientes asociados de menos recursos económicos. Con ello, no se estaría cumpliendo el obejtivo de la Ley 31312, en cuya sustentación de motivos se hizo referencia al problema que implicaba que la industria farmacéutica tenga la exclusividad de las licencias.

Para el excongresista Daniel Olivares, "el Reglamento le está sacando la vuelta a la ley". El impulsor de la Ley de Producción Artesanal con Cultivo Asociativo señaló que el Ejecutivo debe respetar la voluntad del legislador. 

"La voluntad del legislador es lo que el congresista busca al momento de preparar una ley y buscar su aprobación. Esa voluntad, ese objetivo, no se puede romper o no se puede ir en contra en un Reglamento porque el Reglamento no tiene el rango de la ley. (...) Lo que ha pasado es que ese acceso real del que se hablaba nunca sucedió, se dio de manera restrictiva", dijo Olivares el pasado 28 de marzo en el foro "El cáñamo en Perú", organizado por el congresista Arturo Alegría.

Con el primer Reglamento, aún vigente, según cifras oficiales del 2022, más del 70% de pacientes de cannabis se abastece de manera insegura, ya que no acceden a través de establecimientos farmacéuticos licenciados y sus cultivadores están expuestos a denuncias por presunto tráfico ilícito de drogas. Con este segundo Reglamento, esta situación de criminalización no parece resolverse. La nueva normativa establece amenazas de denuncias penales en caso las asociaciones de pacientes no incineren las semillas sobrantes, no incineren restos de plantas o plántulas sobrantes o no sustenten las diferencias producidas por siniestro, sustracción, pérdidas y mermas.

¿Corregirán el Reglamento?

Luego de casi dos años de promulgada la Ley 31312, dos proyectos prepublicados, más de nueve cartas de asociaciones de pacientes enviadas al Minsa y cuatro reuniones con diversos representantes de la sociedad civil, el 28 de febrero pasado, el Ejecutivo publicó el nuevo Reglamento de cannabis para uso medicinal, que incluye a la Producción Artesanal con Cultivo Asociativo (Decreto Supremo N° 004-2023-SA). Sin embargo, esta normativa, que entrará en vigencia el próximo 28 de agosto, no resolvería el problema de la criminalización, la informalidad y los gastos de bolsillo, como han venido denunciando diversas asociaciones en los últimos dos años.

Las advertencias de la ciudadanía fueron recogidas por los congresistas Edward Málaga-Trillo y Arturo Alegría, quienes en marzo pasado enviaron oficios al Minsa para que tome en cuenta las observaciones de la sociedad civil. De igual manera, la Defensoría del Pueblo se reunió, el pasado 22 de marzo, con representantes de asociaciones para recoger sus recomendaciones basadas en la experiencia de más de siete años cultivando y produciendo para pacientes.

El pasado 10 de marzo, se llevó a cabo una mesa de trabajo de la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República. En esta primera reunión de esta gestión del Minsa con representantes de asociaciones, el Director Ejecutivo de la Dirección de Productos Farmacéuticos, Moises Mendocilla Risco, dijo que, de ser necesario, se podrían hacer correcciones al Reglamento.

"Como todo documento, (el Reglamento) pasa por un proceso de implantación e implementación. Y, de ser necesario, obviamente, porque veo bastante preocupación por el tema de la aplicación del documento normativo, si es necesario, creo que se podrían hacer las correcciones correspondientes", dijo Mendocilla Risco tras escuchar las observaciones de las asociaciones de producción artesanal.

Actualmente en Perú, según cifras de marzo pasado, hay más de 38,000 pacientes usuarios de cannabis de todas las regiones del país inscritos en el RENPUC. 

Según este registro oficial, la planta de cannabis y sus derivados vienen siendo recetados por médicos para el tratamiento complementario de diversas enfermedades crónicas como artritis, artrosis, cáncer, dolores crónicos, agudos y neuropáticos, anorexia, parkinson, diversos tipos de epilepsia, esclerosis múltiple, entre otras patologías. Según la evidencia científica, los cannabinoides tienen efectos analgésicos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, antieméticos, somníferos, relajantes musculares, entre otros que están en fase de estudio.

Este viernes 14 de abril, se llevará a cabo una nueva mesa de trabajo de la Comisión de Salud y Población del Congreso sobre el nuevo Reglamento de cannabis. En este evento, que se realizará en el Colegio Químico Farmacéutico del Perú (CQFP) a las 10:00 a.m. en Surco (Lima), se volverán a reunir representantes del Ejecutivo y de la sociedad civil. 

[Foto de portada: Asociación de Pacientes de Cannabis Ámbar]

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