Perú tiene buena legislación y politicas públicas relacionadas al agua y saneamiento, pero estas no se cumplen, señaló el Relator Especial para los Derechos Humanos al agua potable y saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo.
Al final de su visita al país, el experto de la ONU reconoció los esfuerzos de Perú en materia de legislación y políticas públicas relacionadas al agua y saneamiento, aunque expresó su preocupación sobre su implementación efectiva.
Arrojo-Agudo mencionó la ley que regula la conservación y protección de las cabeceras de cuenca.
"Es una ley excelente, pero no se está aplicando. Se sigue permitiendo que ingresen actividades mineras en zonas de cabeceras de cuenca", dijo.
El experto de la ONU saludó que la Constitución de Perú reconoce, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, la prioridad del agua para consumo humano sobre cualquier otro uso. Sin embargo, el Relator constató durante su visita que este precepto se incumple a menudo.
"Un ejemplo dramático es el de la ciudad de Cajamarca. (...) El 70% de la población bebe agua utilizada previamente por una empresa minera, y me preocupa la dificultad en acceder a análisis independientes sobre la presencia de contaminantes”, señaló.
En ese sentido, resaltó la necesidad de "cambiar de los enfoques tradicionales del agua como puro recurso productivo a un enfoque ecosistémico sostenible y basado en derechos humanos”.
Ante ello, Arrojo-Agudo llamó a promover una gestión integrada que permita superar la vigente dispersión de competencias reforzando las capacidades municipales y comunitarias en la gestión de los servicios de agua y saneamiento.
Por otro lado, Arrojo-Agudo advirtió que "el gobierno de Perú debe abordar el problema del envenenamiento de las aguas con vertidos tóxicos y metales pesados, que quiebra la salud y el derecho al agua potable de 10 millones de peruanos y compromete la salud de las generaciones futuras”.
Además, lamentó la injusticia que existe entre lo urbano y lo rural. Al respecto, manifestó su esperanza en que los jóvenes impulsen a las autoridades a cumplir las normas vigentes y a mejorar las políticas públicas con equidad.
"Mi visita oficial ha tenido lugar en un contexto político convulso. He tratado de analizar los problemas que quiebran los derechos humanos al agua y al saneamiento más allá de la coyuntura”, dijo el experto de la ONU, quien
Durante su visita Arrojo-Agudo se reunió con representantes del gobierno, de sociedad civil, pueblos indígenas y campesinos y autoridades locales.
Arrojo-Agudo ha presentado sus observaciones preliminares al gobierno de Perú y presentará un informe completo con sus hallazgos y recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre de 2023.
[Foto de portada: UNAL]
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