¿Represalia? Este lunes, se informó que el titular de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Mininter) retiró del cargo de jefe de la División de Búsquedas de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) al coronel PNP Harvey Colchado, quien, el pasado 9 de agosto, apoyó al Ministerio Público en el allanamiento en Palacio de Gobierno.
A través de un memorándum, el Mininter informó a Colchado que el Mininter dispuso colocar, en su lugar, al comandante PNP Mario Alfredo Hidalgo Yen.
"Al respecto en atención y cumplimiento al documento de la referencia, sírvase asumir el cargo de coordinador general del Equipo Especial de Apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder a dedicación exclusiva y con dependencia orgánica de la Dirección de Inteligencia - DIGIMIN, de conformidad a la Resolución Ministerial N° 0903-2022-IN del 18JUL2022", se lee en el memorándum.
Colchado había solicitado a la Inspectoría General de la PNP enviar sus descargos por la investigación administrativo disciplinaria iniciada en su contra tras el allanamiento en Palacio de Gobierno y una denuncia presentada por el presidente Pedro Castillo.
El coronel PNP señaló que atendió una solicitud del fiiscal provincial Hans Aguirre.
"Con fecha 9 de agosto, a las 17:00 horas, en cumplimiento del antes citado mandato judicial, se llevó a cabo la diligencia fiscal de allanamiento con fines de detención de Yenifer Paredes Navarro la zona residencial del Palacio de Gobierno", señaló Colchado.
"Sin ningún fundamento pretenden atribuirme una supuesta inconducta e intencionalidad política en el cumplimiento de mi función de apoyo al Ministerio Público durante la diligencia fiscal de allanamiento y registro realizada el 9 de agosto del 2022 en la zona residencial del Palacio de Gobierno", agregó Colchado en su defensa.
"La denuncia de Pedro Castillo contiene una serie de cuestionamientos de orden jurídico al mandato judicial. Resulta evidente que el personal policial que participa no tiene competencia ni facultades para interpretar o cuestionar un mandato dictado por un juez competente. La autoridad administrativa de la Inspectoría tampoco tiene atribuciones para hacerlo", se lee en sus descargos.
[Foto de portada: Andina]
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