Luego de dos años de presentada la acción de amparo, el 9° Juzgado Constitucional ha programado, para este lunes 12 de setiembre al mediodía, la audiencia única por la demanda de diversas asociaciones de pacientes contra Inretail Pharma S.A., Quicorp S.A. y el Ministerio de Salud (Minsa).
En enero del 2018, con un pago de US$583 millones, InRetail Pharma S.A. se hizo de los activos de Quicorp S.A. y con ello, pasó a ser dueña de Mifarma, Inkafarma, BTL, Fasa, Arcángel, laboratorios Quilab y Cifarma, así como de las distribuidoras Química Suiza y Albis. Según investigadores y asociaciones de pacientes, con esta adquisición, el Grupo Intercorp alcanzó una participación de 83% en el mercado farmacéutico peruano.
fuente: balbin, fontela, baledon y otros / esan
Ante ello, en el 2020, diversas asociaciones de pacientes, junto a las entonces congresistas Rocío Silva Santisteban y Mirtha Vásquez, presentaron una acción de amparo contra Inretail Pharma S.A., Quicorp S.A. y el Ministerio de Salud (Minsa).
La demanda sostiene que, con la gran compra del 2018, InRetail Pharma S.A. y Quicorp S.A., "han vulnerado el derecho fundamental a la salud y el principio constitucional de libre competencia [...] al hacerse de una posición de dominio dentro del mercado farmacéutico".
Precisa que estas empresas habrían "violado los artículos 61° y 65° de la Constitución, que promueve la libre competencia y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas, así como garantizar el derecho de los consumidores a ser protegidos de las mismas".
Además, advierte que "existe una amenaza cierta inminente del derecho a la salud reconocido en el artículo 2.1 de la Constitución, en su dimensión difusa".
"También se vulnera el principio de Estado social de Derecho, en cuanto esta situación resulta especialmente lesiva para las poblaciones más vulnerables, como los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas en situación de pobreza y pobreza extrema", se lee en la demanda presentada por las asociaciones de pacientes.
Por ello, los demandantes piden al Poder Judicial que se declare la nulidad del contrato de compraventa celebrado entre Inretail Pharma S.A. y Quicorp S.A., por el cual la primera compró el 100% de las acciones de la segunda.
Además, piden que se ordene al Minsa, a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) elaborar un protocolo para la fusión de empresas en la que se establezcan directrices para evitar el monopolio o posiciones de dominio en el sector farmacéutico.
Los demandantes son Luis Lazo (Foro Salud), Saturnino Espinoza Jiménez (padre de un niño con insuficiencia renal crónica terminal), Sabino Pezo Tanchiva (paciente con diabetes avanzado), Mario Ríos (Federación de Cannabis Medicinal - Fecame), y las excongresistas Mirtha Vásquez y Rocío Silva Santisteban.
La defensa legal está a cargo del Instituto de Defensa Legal (IDL), la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y Fecame.
La respuesta de Intercorp
Cuando las asociaciones de pacientes presentaron la acción de amparo, LaMula se comunicó con el Grupo Intercorp y este respondió que "no existe monopolio de farmacias" y comparó a farmacias del sector público con las del sector privado
"El principal actor en el sector salud y medicamentos es el Estado con más del 90% de la población dentro del sector público (SIS, Essalud y FFAA) y más del 80% de la dispensación de medicamentos (IMS). El restante 20% del mercado es el privado, en el que existen casi 17,000 farmacias a nivel nacional (según la web de Digemid), de las cuales nuestras cadenas representan cerca del 12%", señaló en su respuesta.
Según el estado financiero de la compañía, el Grupo Intercorp posee, además de cadenas de farmacias, empresas que se dedican a la manufactura y empaque de farmacéuticos (Cifarma S.A.C.), distribución de farmacéuticos (Droguería La Victoria S.A.C.), comercialización (Química Suiza S.A.C. y Albis S.A.C.), fabricación, venta, almacenamiento y distribución de productos naturales y farmacéuticos para la salud (Vanttive S.A.C.), entre otras empresas del sector salud. Ante la pregunta de si esto sería una "concentración vertical", la compañía respondió que:
"El grupo solo cuenta con un laboratorio, el cual tiene una capacidad muy limitada y está lejos de ser un actor relevante en el mercado, representando solo el 2% de las compras de Inkafarma y Mifarma. La principal fuente de abastecimiento, tanto de Inkafarma como de Mi Farma, son los laboratorios terceros nacionales".
Daños económicos
Según los autores de la tesis "La concentración en el sector farmacéutico peruano y su impacto económico" (Balbin y otros, 2020), existe el riesgo de que Inretail Pharma ejerza una posición de dominio con un daño a los usuarios que superaría los 300 millones de soles anuales.
Nuevos actores
El Poder Judicial ha admitido al Instituto del Derecho Ordenador de Mercado (IDOM) su intervención en el proceso como litisconsorte facultativo activo, ya que busca la protección de los derechos del consumidor, así como la libre competencia y el derecho a la salud.
Por otro lado, en Perú, las licencias para cultivar y comercializar cannabis siguen siendo exclusivas para la industria farmacéutica, a pesar de que la Ley 31312 reconoce la legalidad de la producción artesanal con cultivo asociativo y ordena al Minsa incluir a los "Clubes Cannábicos" en la regulación. En ese escenario, el 51% de los establecimientos farmacéuticos con licencia para comercializar cannabis están relacionadas a Inretail Pharma como Inkafarma, Mifarma y Vanttive.
[Fuente del los gráficos: "La concentración en el sector farmacéutico peruano y su impacto económico" - Tesis para obtener el grado de Magister en Administración en la ESAN de Dula Liliana Balbin Inga, Andrés Eduardo Fontela Becerra, Benito Juarez Baldeón y Omar Efraín Zegarra Cavero]
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