El gobierno de Pedro Castillo cambia de ministros del Interior en un contexto en el que se denuncia la impunidad por la represión policial contra la marcha juvenil de noviembre del 2020 y la protestas de trabajadores agrarios de diciembre de ese mismo año. Además, los cambios en el Ministerio del Interior (Mininter) se ven influenciados por la crisis provocada por la presión contra la Policía Nacional del Perú (PNP) para que capture al exministro Juan Silva y otras personas del entorno más cercano al presidente Castillo.
Quien asuma el Mininter debe cumplir con el reto de dirigir el Sistema Nacional de Segurida Ciudadana y proteger el libre ejercicio de los derechos y las libertades fundamentales de las personas. A continuación, compartimos algunos temas críticos y progresistas que el ministro del Interior debe atender.
Mayores recursos para las regiones
Para la implementación de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, se requiere que el Mininter destine recursos a los gobiernos regionales y municipalidades.
Para el exdirector general de Seguridad Ciudadana del Mininter, Enrique Castro Vargas, el Mininter debe aprobar una nueva directiva para los gobiernos locales, ya que no se pueden aplicar las mismas medidas para todas las regiones.
“Hace años que las autoridades no pueden planificar en función de sus propios problemas”, señala el director del Taller de Asuntos Públicos (TAP).
“Lamentablemente, se les acaba el tiempo por el fin de sus gestiones, pero los gobiernos locales deberían aprovechar sus presupuestos y liderar el trabajo en seguridad ciudadana no solo con la Policía y la Fiscalía, sino también con el INPE, el sector Salud, Educación y con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables”, agregó.
Castro Vargas señaló que es necesario que el Mininter conforme una Mesa de Trabajo junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que determine el financiamiento necesario para que las regiones apliquen sus planes sobre seguridad ciudadana.
Impulsar la reforma policial
Para recuperar la confianza de la ciudadanía, el Mininter debe impulsar una reforma aplicando mano dura contra la corrupción, medidas con enfoque de derechos humanos y con trabajo comunitario, señala Castro Vargas.
Uno de los puntos débiles del sector es la forma en la que la PNP trata las denuncias por violencia de género, motivo por el que ciudadanos y ciudadanas vienen denunciando una ineficiencia. Por ello, urge que el Mininter fortalezca la capacitación policial sobre equidad de género.
Por otro lado, la PNP necesita actualizarse sobre las nuevas leyes sobre drogas. Cuando se implemente la Ley 31312, la DIRANDRO deberá afrontar el reto de certificar el cumplimiento de las medidas de seguridad de las asociaciones de pacientes que cultivan cannabis (marihuana). Para el exdirector de Política Criminológica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), una regulación flexible a favor de los Clubes Cannábicos reducirá las posibilidades de delitos y violencia. Señaló que se debe tener cuidado de que las inspecciones no sean aprovechadas por algunos malos elementos acostumbrados a la extorsión.
Regular el trabajo sexual
En enero de este año en Lince, ante los casos de asesinatos de trabajadoras sexuales en las calles, el Mininter inició un proyecto para regular el trabajo sexual con un enfoque basado en evidencias y de respeto a los derechos humanos. Lamentablemente, no hay avances mientras en esta y otras zonas del país, las trabajadoras sexuales siguen siendo asesinadas por las organizaciones criminales que les cobran cupos. La falta de regulación conlleva una serie de delitos como extorsión, sicariato, homicidio, trata de personas, entre otros.
Atender a Lima Norte
Esta zona de la capital comprende a los distritos Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa.
“Parece desbordada, pero se debería articular por temas y territorios e iniciar con proyectos piloto”, señala Castro Vargas.
Fiscalización y transparencia
Especialmente de los proyectos por los que el Mininter se ha endeudado, como el proyecto “Mejoramiento de los servicios de prevención del delito en la población más vulnerable al crimen y la violencia en el Perú”, por el que el Estado tiene una deuda por 40 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
[Foto de portada: Andina]
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