Ante la arremetida de grupos conservadores en la sociedad y en algunos organismos públicos, se hace cada vez más urgente la aprobación de normas que reconozcan los derechos de las personas LGBTI. Estas normas son necesarias, ya que actualmente las personas LGBTI se encuentran desprotegidas ante la discriminación del Estado y los ataques de grupos anti-derechos.

Entre enero de 2012 y mayo de 2021, se reportaron 84 denuncias relacionadas con muertes dolosas de personas LGBTI, de las cuales el 68.9 % tenía indicios de violencia basada en prejuicio, según el estudio del Observatorio de violencia de la Universidad Cayetano Heredia sobre “Características criminológicas de las muertes dolosas de personas LGTB en el Perú".

Al respecto, en su documento de “Observaciones finales sobre el noveno informe periódico del Perú", el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres de las Naciones Unidas (CEDAW) ha manifestado su preocupación por los altos niveles de violencia de género y las formas históricas e interseccionales de discriminación que afectan a mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero y personas intersexuales. 

A este problema, se agregan los recientes fallos judiciales en contra del reconocimiento del matrimonio celebrado entre personas del mismo sexo en el extranjero, el reconocimiento de la comaternidad en el documento de identidad de niña o niño nacida/o en el extranjero, el cambio de sexo en el documento de identidad de personas trans e intersexuales, entre otros. 

En este contexto, el último domingo en Lima y otras partes del país, se desarrolló la multitudinaria marcha en defensa de los derechos de las personas LGBTI. Esta situación debería ser motivo para que los legisladores cumplan con su función de representar a la ciudadanía y aprueben normas que reconozcan el matrimonio igualitario, la identidad de género y que prohíban la tortura en las mal llamadas "terapias de conversión”, que afectan principalmente a menores de edad.

Por ello, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado al Congreso para que agende, debata y apruebe estas propuestas legislativas. Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos, señaló que estos proyectos continúan pendientes y que su aprobación permitiría contar con un marco legal respetuoso de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, así como de los compromisos asumidos por el Perú ante los sistemas internacionales.


[Foto de portada: Anete Lusina / Pexels]


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