El gobierno de Pedro Castillo debería cambiar los castigos penales y explorar la vía de las medidas preventivas contra los delitos ambientales, señala un informe de InSight Crime para el Instituto Igarapé.
El informe, titulado 'Las raíces de los delitos ambientales en la Amazonía peruana", recomienda adoptar un enfoque matizado para la aplicación de las leyes.
"Para lograr un cambio duradero, debe entenderse que los trabajadores que extraen oro, madera y vida silvestre son solo el peldaño más bajo en la escalera de las sofisticadas redes criminales que causan los delitos ambientales", señala.
Para InSight Crime y el Instituto Igarapé, los esfuerzos del gobierno para combatir los delitos ambientales "deben ser más matizados e ir más allá de encarcelar a los trabajadores mal remunerados que participan en la extracción de madera, erradicar los cultivos de coca con la ayuda del ejército y llevar a cabo incautaciones de sitios mineros como las realizadas durante la Operación Mercurio".
"Las autoridades deben identificar los “peces gordos” que dirigen estas economías ilegales", resalta.
El informe recuerda que ya se está comenzando a abordar esta brecha estratégica con la Política Nacional Contra Las Drogas al 2030.
"Dicha política requiere métodos típicos de intervención y erradicación, pero también incluye la oferta de alternativas económicas lícitas en áreas donde prevalecen los cultivos de coca. Falta ver si estos objetivos se materializarán en hechos concretos por parte del gobierno de Castillo", señala el texto.
En el mismo sentido, los autores recomiendan que el gobierno de Castillo debe darle más prioridad a la protección del ambiente con la promoción de la agricultura fuera de la Amazonía.
"El gobierno de Castillo debe ver la segunda reforma agraria como algo más que un tema de oportunidad económica, y más bien como una oportunidad para demostrar su compromiso con la defensa de la Amazonía", señala.
"La reforma debe centrarse en las zonas costeras y montañosas, y a la vez estimular la reducción gradual de las prácticas agrícolas en la Amazonía", precisa.
Por otro lado, señala la necesidad de aumentar la protección a las comunidades indígenas y las reservas naturales, ya que los delitos ambientales abundan en la Amazonía peruana.
El informe explica que esto se debe a la poca presencia estatal, al gran tamaño de dichos espacios y, en algunos casos, a la falta de protecciones legales para las comunidades indígenas. Por ello, resalta, es necesario asignar mayores recursos para proteger estas áreas y aumentar los patrullajes policiales.
Además, precisa que se deben realizar inversiones en los procesos de titulación de las 647 comunidades indígenas que aún no son reconocidas por las autoridades regionales en cinco regiones de la Amazonía.
El informe resalta también el uso de la tecnología como herramienta para combatir los delitos ambientales. Hace mención a un estudio en Loreto, donde se demostró que una gran intervención del Estado no siempre es necesaria para combatir la tala ilegal, la minería o el tráfico de drogas: en 2018, a las comunidades indígenas, se les proveyó teléfonos inteligentes, GPS y drones para rastrear la actividad de deforestación en sus comunidades. Después de dos años, lograron reducir significativamente la deforestación, ya que podían trasladarse rápidamente a áreas que estaban siendo destruidas, en lugar de tener que pasar semanas patrullando sus tierras a pie.
"Continuar empoderando a las comunidades locales con tecnología que les permita monitorear mejor grandes extensiones de territorio es un método comprobado para reducir la deforestación. Imitar la estrategia de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) podría reducir la carga sobre el Estado y permitirles a los habitantes salvaguardar sus comunidades de manera más eficiente", señala.
Respecto a la cooperación internacional, el informe recomienda que se deben promover acuerdos existentes como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), de la cual Perú es miembro activo.
"Esto permitiría un mayor intercambio de información y colaboración transfronteriza", señala.
Además, resalta que la ratificación del Acuerdo de Escazú sería un importante paso adelante para la administración Castillo en lo que respecta a la defensa de los líderes ambientales, que están siendo cada vez más amenazados y asesinados.
"También se requiere un análisis más detallado de las cadenas de suministro de los delitos ambientales. Este trabajo, aunque es arduo, podría ayudar a detener el flujo de bienes ilegales. Esto significa que Perú debe estar dispuesto a trabajar más, no solo con sus socios regionales en la lucha contra los delitos ambientales, sino también con Estados Unidos, la Unión Europea y China para garantizar que se practique la debida diligencia al comerciar bienes potencialmente ilícitos", se lee en el documento.
[Foto de portada: La República]
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