La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que representa a nueve organizaciones indígnenas de la Amazonía, denuncia que el grupo empresarial de palma aceitera Ocho Sur viene socavando la autodeterminación y autogobierno de los pueblos amazónicos de Ucayali.
En una carta abierta, AIDESEP exige acciones urgentes frente a las prácticas depredadoras y divisorias del Grupo Ocho Sur, cuya matriz Peruvian Palm Holdings tiene su sede en el paraíso fiscal británico de Las Islas Bermudas.
Las organizaciones indígenas piden al Estado peruano que cumpla con su obligación de reconocer y proteger los territorios indígenas.
"¿Es aceptable que no hayan cumplido con su responsabilidad de adoptar medidas para proteger estos territorios de las acciones de los traficantes de tierras y las empresas de palma aceitera, ni adoptado medidas de compensación y reparación por las graves afectaciones a los mismos, particularmente al territorio ancestral de la comunidad de Santa Clara de Uchunya?", cuestiona la asociación.
En ese sentido, lamentan la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró improcedente la demanda interpuesta por el pueblo shipibo-konibo, que exigía la restitución y remediación territorial ante las violaciones de las empresas Ocho Sur y Plantaciones de Pucallpa, y el Gobierno Regional de Ucayali (GOREU). Al respecto, señalaron que el GOREU debe acelerar la segunda ampliación territorial de Santa Clara de Uchunya para evitar mayores daños.
La AIDESEP condena la falta de regulación seria de las actividades de la empresa y la situación alarmante de la deforestación de más de 17,000 hectáreas de bosques en la plantación y sus alrededores en Coronel Portillo.
"En vista de los múltiples procedimientos administrativos y denuncias judiciales por supuestos hechos ilícitos ¿cómo es posible que una plantación de monocultivos a tan gran escala pueda operar por casi una década sin autorización ambiental?, ¿se trata de ineficacia o complicidad por parte de las autoridades estatales? En este contexto grave, saludamos el rayo de luz representada por la reciente decisión del juez Víctor Zúñiga Urday del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de incorporar a Ocho Sur P SAC en el proceso penal por crímenes ambientales y exigimos reparaciones reales, sin más demoras, por los daños extensivos que han generado", señala.
Además, las organizaciones indígenas denuncian el progresivo deterioro de la seguridad alimentaria en sus comunidades, debido a la expansión agresiva y a gran escala del modelo de agronegocio que propone el Grupo Ocho Sur."
"Estos degradan nuestras tierras, contaminan nuestras quebradas y ríos, imposibilitan la caza, pesca y prácticas agroforestales que han alimentado nuestros pueblos por generaciones y acumulan los beneficios para unos pocos, sobre todo sus inversores extranjeros como el grupo Anholt/Kattegat y AMERRA Capital Management LLC. ¿Es aceptable que una empresa como Ocho Sur pueda cimentar su control sobre nuestras tierras y vidas aprovechando las necesidades insatisfechas de nuestros pueblos?", señalan.
Ante ello, la asociación rechaza que el Estado haya renunciado a la provisión de servicios y obras públicas básicas y se las haya dejado a una empresa privada como Ocho Sur. En ese sentido, resaltan que el objetivo principal de esta compañía es generar ganancias para sus inversores y denuncian que sus intenciones son de lavar su imagen social corporativa.
"Agua potable, la educación, la salud, la luz, los medios de vida dignos, la comunicación y el transporte: ¡Ocho Sur deja de obligarnos a negociar para obtener lo que el Estado nos debe asegurar! Nuestras comunidades tienen el derecho a una vida digna sin perder su autonomía o tener que arrodillarse ante una empresa que pretende dividirlos y dominarlos. Tal como lo vemos, el Estado está de rodillas frente a este grupo económico", se lee en la carta abierta de AIDESEP.
Por otro lado, las organizaciones indígenas alertan a los compradores internacionales del aceite de palma de Ocho Sur, que estarían "haciendo negocios con una empresa que activamente socava la autodeterminación, los derechos colectivos y la protección territorial de los pueblos indígenas amazónicos".
"Sus negocios con Ocho Sur apoyan sus continuos esfuerzos por fracturar nuestras comunidades, socavar nuestras organizaciones indígenas y perjudicar al tejido social de nuestros pueblos, que garantiza la protección de la Amazonía a largo plazo", señalan.
La AIDESEP pidió que se considere el reciente informe de la Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), que describió “el caso de la empresa Ocho Sur P” como "el caso más emblemático de conexión entre la palma aceitera y el tráfico de tierras". Por ello, suestionó a los compradores de Ocho Sur en Asia y Europa, incluyendo a Bunge Loders Croklaan, Lasenor Emul, Lípidos Santiga S.A., Louis Dreyfus Company, Meiji Group, Nisshin Oillio, y Vandemoortele NV.
"¿Qué están haciendo para cumplir con su responsabilidad de respeto de los derechos humanos bajo los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y de actuar con la debida diligencia para asegurarse de que sus acciones u omisiones no socaven los derechos de nuestras comunidades y pueblos?, ¿debemos denunciarlos también a ustedes por cómplices?", se lee en la carta.
La asociación advirtió que el tráfico de tierras, la deforestación y la destrucción de la agrobiodiversidad y aguas siguen en curso en las tierras indígenas colindantes a Ocho Sur, a pesar de que en los últimos años esta empresa no ha podido ampliar sus plantaciones directamente debido a la resistencia de las comunidades.
"Y la impunidad continua. Entonces, ¿cómo van a asegurar que el aceite de palma que compran de Ocho Sur no viene de estas tierras acaparadas y recién deforestadas?", cuestionó.
Las organizaciones indígenas recuerdan a la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO) sus decisiones anteriores en contra de la plantación que hoy es propiedad de Ocho Sur: en 2016, cuando ordenaron a Plantaciones de Pucallpa SAC a suspender sus operaciones; y en 2021, cuando afirmaron que la planta extractora de aceite Oleaginosas del Perú S.A. (OLPESA) no debe comprar ni procesar palma de Ocho Sur, por tratar de una plantación condenada por la RSPO.
"Alertamos que a pesar de estas decisiones anteriores contra Plantaciones de Pucallpa y Ocho Sur, todos los citados compradores de Ocho Sur en Asia y Europa son miembros de la RSPO", señalan.
Ante la posibilidad de que Ocho Sur intente convertirse en miembro de la RSPO en un futuro próximo, la AIDESEP pide a la organización que emita una prohibición clara contra la adquisición de palma de plantaciones que han encontrado operando en violación de sus estándares. Al respecto, denuncian graves deficiencias del mecanismo de queja en la RSPO, al que las organizaciones indígenas han recurrido tres veces y con la que han aprendido a través de la "amarga experiencia", ya que no ha mejorado la situación de los territorios.
"Por lo tanto, exigimos a la RSPO establecer y mantener una lista de exclusión de esas plantaciones que han encontrado en violación de sus estándares, en el caso del Perú, encabezada por Ocho Sur", se lee en la carta.
Por último, a las organizaciones de la sociedad civil a nivel internacional, la asociación alerta sobre la fuerte campaña publicitaria que está dirigiendo Ocho Sur para recuperar su imagen a nivel local, regional y nacional con la asesoría de empresas como ADN Consultores que se especializan en el “manejo de crisis”.
"¿Acaso es una crisis cuando los pueblos indígenas revindicamos nuestro autodeterminación y derechos territoriales y denunciamos las crímenes ambientales e impunidad que están acabando con la Amazonía?", cuestionan.
"Cuestionamos por qué la ONG Proforest trabaja con Ocho Sur para avanzar su certificación ante la RSPO. ¿Puede haber un “abastecimiento social y ambientalmente responsable” cuando se trata de una empresa que acapara territorios indígenas a través del tráfico de tierras, convierte la zona en un foco de deforestación masiva y busca dividir a las comunidades y las organizaciones indígenas?", agregan.
Ante esta situación, la AIDESEP afirma el derecho colectivo a la autodeterminación.
"Nosotras y nosotros decidiremos – y no los patrones de los agronegocios - si los monocultivos de palma aceitera constituyen una alternativa deseable para nuestros pueblos y territorios ancestrales. A pesar de que el Estado y la cooperación internacional vienen promoviendo desde hace muchos años el sembrío de palma aceitera como un sustituto a los cultivos ilícitos de coca; sin embargo, lo que experimentamos en Ucayali y según propias cifras del Estado, hay más narcotráfico, más deforestación y más monocultivos de palma aceitera. ¿Qué hay de alternativa aquí?", señalan.
"No pierdan su tiempo tratando de redimir al Goliat de los agronegocios – alcen sus voces con las nuestras para exigir al Gobierno peruano que escuche nuestras propuestas y apoye nuestras bioeconomías indígenas y otras alternativas reales, para asegurar un futuro digno para la Amazonía y sus pueblos", se lee al final de la carta de AIDESEP.
[Foto de portada: Getty Images Signature]
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