Si bien la sociedad peruana sigue siendo conservadora y tras las recientes elecciones un sector negacionista de derechos logró representación, la actual titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Diana Miloslavich, sigue apostando por un aborto libre, gratuito y seguro.
En declaraciones a Exitosa, Miloslavich reconoció que Perú es un país conservador, pero mencionóo que hubo "episodios”en los que la clase política contempló la despenalización del aborto, una práctica que se ejecuta actualmente de manera insegura para mujeres, poniendo en riesgo su salud y su vida.
“Yo sigo apostando porque en algún momento el aborto sea libre, gratuito y seguro en el Perú como en Argentina“, dijo Miloslavich en Exitosa.
“El Perú ha tenido momentos difíciles. Te recuerdo que durante el primer gobierno de Alan García el Congreso, en donde Acción Popular tenía un papel fundamental, aprobó lo que en ese momento se llamó el aborto sentimental, que era la interrupción del embarazado en caso de violación. Estamos hablando de la década de los 80s. La aprueba el Congreso, Alan García ofrece que la va a promulgar antes de dejar el Gobierno, lo visita Zamora Valdez un día antes, y deja el Gobierno sin promulgar el aborto sentimental”, agregó la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Para Miloslavich, existe una "apertura de la ciudadanía a favor de la despenalización del aborto por violación".
"Espero que en este Congreso se pueda conseguir los votos para despenalizarlo por violación. Creo que es lo mínimo que podemos hacer por nuestras niñas y adolescentes embarazadas", dijo la titular del MIMP.
Desde 1924, el aborto terapéutico está despenalizado en Perú. De acuerdo al Artículo 119 del Código Penal, no se considera punible a esta práctica. Las normas precisan que un aborto de este tipo es aquel "practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente". En ese sentido, debemos precisar que la afectación a la salud no puede ser solo física, sino que también puede ser mental.
Recién en el 2014, el Ministerio de Salud (Minsa) se aprobó la Guía Técnica Nacional para estandarizar el procedimiento de aborto terapéutico (Resolución Ministerial N° 486-2014-MINSA). Con ello, se supone que el Estado solo tenía que implementar y respetar su propia normativa, así como cumplir con compromisos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
A pesar de ello, la realidad dista mucho de la ley. Según un reportaje de Ojo-Público (2019), en el que se dio cuenta de mujeres denunciadas y hasta condenadas por abortos, 571 mujeres fueron llevadas a los tribunales por interrumpir su gestación (cifra de la última década). Además, entre el 2015 y 2018, el Ministerio Público denunció a 961 mujeres por el delito llamado "autoaborto" y consiguió evidencias para procesar a 312 de esas mujeres.
[Foto de portada: MIMP / Flickr]
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