El Estado tiene el monopolio del uso legal de la fuerza y los funcionarios públicos que la pueden aplicar son los policías con el objetivo de cuidar la seguridad ciudadana. Conocidos los excesos de algunos policías, ahora el gobierno de Pedro Castillo ha planteado armar a los miembros del serenazgo municipal.
Esta vieja propuesta ha sido puesta en agenda por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez. Ante ello, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) ha manifestado su rechazo al advertir los riesgos que implica tener más personas armadas en las calles.
"De acuerdo con los estándares internacionales el Estado solo puede autorizar el uso de la fuerza a funcionarios que se encuentran adecuadamente capacitados. Aunque según la Ley del Serenazgo, el Ministerio del Interior debería establecer los lineamientos y estándares para la capacitación del serenazgo, estos no se han desarrollado", recordó la Cnddhh.
"No existe ninguna garantía de que los serenos utilicen armas con un entrenamiento adecuado, lo que supondría más inseguridad para la población", agregó la coalición de organismos de la sociedad civil que trabajan en la defensa, promoción y educación de los derechos humanos en el Perú.
Otro factor de riesgo, señaló la Cnddhh, es la corrupción en los gobiernos locales.
"Colocar personas armadas bajo el mando de alcaldes cuestionados por corrupción acrecentaría los niveles de violencia que ya sufren periodistas de investigación, operadores de justicia y defensoras y defensores de los derechos humanos", advirtió.
La Cnddhh propuso que el Estado debería apostar por un fortalecimiento en serio de la Policía Nacional del Perú (PNP), terminar con la corrupción enquistada en la institución, profesionalizar a los policías y fortalecer unidades como la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).
Como se recuerda, la reforma policial es un tema pendiente después de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas entre noviembre y diciembre del 2020, cuando, en los gobiernos de Manuel Merino y Francisco Sagasti, efectivos de la PNP reprimieron protestas sociales provocando la muerte de dos jóvenes en Lima y dos trabajadores agrarios en La Libertad.
[Foto de portada: Andina]
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