La madrugada de este sábado, el periodista Pedro Salinas fue víctima de un allanamiento por una investigación fiscal motivada por una denuncia de Edgardo Palomino, vinculado al partido ultraderechista Renovación Popular (Rafael López Aliaga) y que lo viene denunciando desde que investiga a la organización ''Sodalicio de Vida Cristiana'. Mañana lunes 10 de enero, está programada la audiencia del caso que emprendió el político César Acuña (Alianza Para el Progreso) contra el periodista Christopher Acosta, autor del libro 'Plata como cancha'.
En este contexto, la abogada Cruz Silva del Carpio, del Instituto de Defensa Legal (IDL), recordó que, en octubre 2018 junto a la periodista Romina Mella, informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del ataque que el Ministerio Público (MP) y el Congreso de la República cometieron contra IDL-Reporteros al intentar llevarse audios y que se revelasen las fuentes en el caso 'CNM Audios' a través del exfiscal Víctor Raúl Rodríguez Monteza, quien luego fue destituido. Ante ello, la CIDH solicitó información sobre las acciones que estaba emprendiendo el Estado para proteger la libertad de prensa y expresión ante los riesgos de abuso judicial contra periodistas.
"¿Qué ha hecho el Estado para proteger al periodismo cuando devela y denuncia al poder? Nada. No solo el periodismo es precario y no sustentable por lo general en el país, sino que suele tener al sistema de justicia como socio del poder investigado con querellas y denuncias", señala Silva del Carpio.
La coordinadora del IDL señaló que el juicio, el paso del tiempo, los gastos, la precariedad misma del periodismo, son espadas de Damocles "que impactan en la libertad de prensa y es una amenaza para todes".
Por ello, propuso Silva del Carpio, "urge acciones como una política pública de justicia para mapear estos casos (querellas, denuncias), saber si está en manos de jueces y juezas que no le hagan juego a los investigados, capacitación, sanciones a denuncias maliciosas y abogados que las impulsan, pronunciamientos de autoridades, voluntad política de las autoridades judiciales como la presidencia del Poder Judicial y de Cortes Superiores y fiscalía, la publicidad de todas estas causas, y claro, convocar a la CIDH para el respectivo apoyo técnico al Estado en esto".
[Foto de portada: Pavel Abramov / Getty Images]
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