La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió abrir investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, informaron diversos medios de comunicación. El motivo de las pesquisas se debería a las visitas a Palacio de Gobierno y a la casa de Breña de la empresaria Karelim López y a las posteriores adjudicaciones de contratos en Provías Descentralizado y Petroperú en la compra de biodiesel.

También se incluyen las reuniones de López realizó a la casa de Breña y las reuniones en Palacio de Gobierno con el exsecretario general Bruno Pacheco, con la posterior adjudicación por parte de Provias Descentralizado de un contrato al Consorcio Puente Tarata III. Se tiene en cuenta que la lobista ingresó a Provias como representante de la empresa Termirex y el Grupo Arose, integrantes del consorcio ganador.

Asimismo, se investigará las visitas que el empresario Samir Abudayeh realizó a Palacio de Gobierno el 15 y 18 de octubre y su relación con la decisión que el 28 de octubre tomó Petroperú de comprar a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO) 280 mil barriles de biodiésel B100 por 74 millones de dólares. 

La titular del Ministerio Público habría dispuesto la notificación de la resolución respectiva al mandatario y al procurador general del Estado, Daniel Soria. Según el artículo 117 de la Constitución, “el presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la Patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Sin embargo, tal como ocurrió en el caso del expresidente Martín Vizcarra, se abre la investigación preliminar y en la misma resolución se suspende cualquier diligencia indagatoria hasta que concluya el mandato presidencial, en julio del 2026. Esto no impide que se sigan investigando a las otras personas involucradas en los mismos hechos.

(Foto: Andina)

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