Rafael Acosta Malpartida, obrero de 22 años, perdió la vida cuando trabajaba trasladando archivos en la Corte Superior de Justicia de Huánuco el último miércoles. El joven era un trabajador tercerizado y, como contó su madre, no emitía recibos por honorarios, no tenía ningún tipo de beneficio laboral y ahora busca justicia ante dos empresas.
Ante ello, la Federación de Trabajadores del Poder Judicial del Perú (Fetrapoj) expresó sus condolencias a la familia del joven obrero y condenó a los que resulten responsables de esta muerte.
"Lo acontecido no hace sino poner de manifiesto, nuevamente, la frágil estructura y organización del Poder Judicial, poder del Estado que ni siquiera cuenta con archivos o lugares que presten las seguridades mínimas a los trabajadores judiciales. No es la primera vez que ocurren incidentes como la tragedia que ha ocurrido hoy. Los funcionarios del Poder Judicial han esperado que ocurra una muerte por la mala estructura y distribución de los anaqueles, expedientes y espacios de las sedes judiciales: lo que ha ocurrido hoy no solamente puede ocurrir en cualquier archivo del país, sino que puede darse en cualquier sede judicial. El Poder Judicial no se encontraba ni se encuentra preparado para un reinicio de labores sin planificación ni estrategias ni seguridad para los trabajadores. Hoy vemos a las consecuencias de la improvisación", señaló la Federación.
"Todos los archivos del Poder Judicial guardan similitudes y son propensos a tener los mismos accidentes, todas las sedes judiciales se encuentran repletas de expedientes y casi no se puede transitar al interior de los archivos, secretarias y lugares de trabajo de los Trabajadores Judiciales, resulta evidente que las sedes judiciales no soportarían ninguna inspección de Defensa Civil", agregó la organización de trabajadores judiciales.
Por ello, la Federación está solicitando a la presidenta del PJ, Dra. Elvia Barrios Alvarado, para que se declare en emergencia la estructura y sedes judiciales a fin de garantizar la vida de los trabajadores así como se suspendan las labores en locales judiciales que no cuenten con las medidas de seguridad mínimas y que pongan en riesgo la vida de los trabajadores.
Por último, la organización de los trabajadores judiciales pidió que el PJ asuma su responsabilidad en la muerte del joven obrero Rafael Acosta Malpartida. Al respecto, cabe señalar que la familia ha reconocido que recibió ayuda económica del PJ, pero resaltó que exige justicia e indemnización por la muerte de su hijo.
[Foto de portada: Federación de Trabajadores del Poder Judicial del Perú]
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