Un total de 22 empresas deberían más de 168 millones de soles al Estado por la corrupción en el caso 'Club de la Construcción', señaló la procuradora Silvana Carrión este miércoles en el programa 'Al Vuelo' Raúl Tola.
"Nosotros, cuando inicialmente empezó el caso por el tipo, por la cantidad de obras que estaban bajo investigación en el esquema del Club, propusimos un monto de reparación civil de 64 millones de soles al inicio. Luego, cuando han ido avanzando las investigaciones y hay más obras o contrato que están bajo investigación hemos pedido una ampliación de ese monto a 168 millones de soles por la cantidad de obras que son 80 más o menos contratos que están bajo investigación y solamente sacando el porcentaje de 3% del costo directo del monto del costo de estas obras. Ahora estamos en ese esfuerzo de lograr que se acepte esos 168 millones de soles de manera provisoria porque el caso todavía tiene algunos meses más para que concluya y cuando concluya ya nosotros vamos a poder estar en condiciones de decir cuál es el monto final que vamos a proponer. Hasta el momento, hemos identificado 168 millones de soles pero pensamos que esto va a ir creciendo en adelante", dijo Carrión.
La procuradora explicó que el 'Club de la Construcción' "es un caso bastante grande, bastante complejo", que "se trata de un cartel de empresas que se distribuía las obras a cambio de un soborno a funcionarios públicos".
"Había todo un esquema empresarial diseñado para la distribución de obras. Desde el inicio del caso, la Procuraduría trazó como estrategia incorporar a las empresas como tercero civilmente responsables dentro del proceso penal esto significa que las empresas ingresan en una condición determinada para que ante una eventual condena, la reparación civil también pueda ser asumida con ellas conjuntamente con las personas naturales investigadas".
"Entonces, al inicio del caso, la Procuraduría solicitó la incorporación de un grupo de empresas que fueron alrededor de 14 empresas que se lograron incluir dentro del proceso penal. Conforme fue avanzando el caso también la Fiscalía amplio la investigación contra otras empresas que también se detectaron que formaban parte del esquema de corrupción, entonces en ese escenario la procuraduría amplio los pedidos para que estas empresas sean incorporadas dentro del proceso y es la última decisión que ha tomado el poder judicial en el mes de octubre, 8 más que en adición a las 14 hacen un total de 22 empresas que ahora tienen la calidad de terceros civilmente responsables, cuyos representantes legales, personas naturales están siendo investigadas dentro del caso del club, quienes han tomado las decisiones ilícitas y por eso las empresas van a tener que responder cuando se imponga la reparación civil también con ese pago".
Carrión agregó que ha habido un nivel de corrupción bastante amplio y grande en el sector construcción.
"Los niveles de corrupción han sido bastante elevados en este sector y recordemos además que a raíz del último informe que nosotros presentamos en agosto de este año, que fue una evaluación de resultados del año 2017 al 2020, lo que identificamos era que, dentro de las empresas públicas que concedían estos concursos públicos, que ahora están bajo investigación, encontramos liderando Provías Nacional que es el órgano ejecutor del MTC, que normalmente maneja el 60% del presupuesto. Provías Nacional era la que licitaba y casualmente con Provías ha sido todo el esquema del Club de la Construcción, que eran las cabezas de Provías, conjuntamente con el ministro de aquel momento, las que diseñaron, recibieron los pagos de sobornos por parte de estas empresas. Allí encontramos que eran 40 procesos o concursos públicos que fueron licitados por Provías para obras en todo el país que están bajo un esquema de corrupción. También encontramos, en ese estudio, que el Gobierno Regional de San Martín era el que secundaba con un total de 10 concursos públicos licitados, cuyos proyectos estaban bajo investigación Lava Jato y ahí una lista larga".
La procuradora señaló que los casos también está en las regiones Cusco, Moquegua, así como en Proinversión, el MTC y las interoceánicas. En ese sentido, recordó que Provías Nacional licitaba los concursos de obras públicas y de infraestructura de carreteras, el MTC las Asociaciones Público Privadas (APP), las concesiones un poco más grandes.
"Allí ha habido un esquema complejo pero de niveles de corrupción bien altos, por eso que después de este informe que presentamos con estos resultados las recomendaciones van en punto de que en estas entidades se pongan los controles o los focos necesarios para que se puedan evitar, casualmente, que vuelvan a exigir nuevamente este tipo de organizaciones".
Carrión señaló que, en el caso del Club de la Construcción, de la información que se tiene, se estima que se negociaba el 3% del costo directo de la obra. Explicó que la obra tiene varios componentes en cuanto a sus conceptos y que era el 3% del costo directo de la obra lo que acordaron las empresas pagar a los funcionarios públicos por cada obra que era licitada. Resaltó que, en el Club de la Construcción, había un "esquema interesante de cómo se pusieron de acuerdo en esas formas corruptas que utilizaron las compañías".
"En algunos turnos, las empresas ganaban las obras y eran las que tenían que pagar el 3% del costo directo de las obras y en otros turnos, concursos públicos. Estaban comprometidas a acompañar a las obras, lo que se llamaba proceso de acompañamiento para dar toda esta experiencia de transparencia y de competencia. Estaba muy estructurado para, casualmente, dar esta apariencia de competencia. Entonces, había orden de prelación y además el caso del Club de la Construcción nos da una visión".
"Nosotros ahorita estamos solamente visualizando el tema de las constructoras, que es el caso que esta bajo investigación, pero en el sector construcción también existen otros actores, los supervisores, las empresas supervisoras de las constructoras, también hay otro rubro que tiene que ver con el mantenimiento de las construcciones, lo que son las empresas de conservación, las que mantienen las obras. Todos esos esquemas que también han tenido su propia dinámica son temas que aún faltan profundizar y analizar en cuánto a investigación. Hay un material amplio para analizar todavía en estos esquemas de corrupción".
Carrión dijo que las empresas que están incluidas como terceros civilmente responsables, muchas de ellas llegaron, bajo la colaboración eficaz, a un acuerdo con la Procuraduría Ad Hoc con el tema de la reparación civil. Mencionó que una de ellas era AENZA (Graña y Montero) y la otra es una empresa nacional que se mantiene bajo reserva porque así está en el acuerdo.
"Estas dos empresas está incluidas como terceros civilmente responsables en el caso y luego de ello, de esta condición de pagar, para responder de manera solidaria a la reparación civil, es que las empresas decidieron someterse a la colaboración y tienen un arreglo ahora con la Procuraduría para pagar reparación civil por todos los proyectos, pero también están incluidos los casos de Club de la Construcción en estos cálculos de reparación civil ,que ya tenemos en estos preacuerdos, pero hay otras empresas que, como se conoce, se han sometido a colaboración eficaz, con los que ya hemos tenido reuniones de trabajo para fijar monto de reparación", dijo.
Como procuradora, Carrión recordó que el Estado tiene derecho a conocer la verdad, saber quiénes han sido nuestros corruptos de parte del Estado para poder sancionarlos de manera adecuada, pero también porque es información que, de confirmarse los hechos ilícitos y los delitos, el Estado podría pedir más reparación civil respecto a esos otros que también han cometido delitos.
"La información de los colaboradores es importante por la información penal propiamente dicha para conseguir las condenas, pero también para confirmar estos ilícitos que van a generar que se va a pagar reparación civil a favor del Estado", señaló.
[Foto de portada: Andina]
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