El pasado 10 de octubre se venció el plazo para que el Poder Ejecutivo reglamente la Ley Nacional del Cáncer (Ley 31336), una norma con potencial para beneficiar a más de 150,000 pacientes oncológicos. Ante ello, la Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por esta demora y señaló la necesidad de garantizar la participación de la sociedad civil a través de organizaciones de pacientes.

"Por esa razón, consideramos necesario demandar al Poder Ejecutivo la pronta elaboración, aprobación y publicación del reglamento de la Ley Nacional del Cáncer, a efectos de contar con un instrumento específico que garantice los derechos de las personas que luchan día a día contra esta enfermedad. Asimismo, y con la misma urgencia, exigimos contar con una Política Nacional contra el Cáncer, con indicadores y estándares mínimos que puedan ser materia de vigilancia y rendición de cuentas", señaló la Defensoría del Pueblo en un comunicado.

La institución recordó que "la actual pandemia nos ha demostrado la necesidad de fortalecer el sistema de salud y de reforzar las acciones en favor de los grupos altamente vulnerables".

"Cumplir oportunamente con las leyes aprobadas, es una de ellas, sobre todo, si involucran enfermedades con tanto impacto económico y social como es el cáncer. La actual deuda del Poder Ejecutivo debe ser honrada con prontitud", agregó.

De acuerdo con datos del Ministerio de Salud (Minsa), cada año más de 69,000 personas son diagnosticadas con cáncer. Esta situación ocasiona alrededor de 34,000 muertes en el mismo periodo.

"A pesar de ello, debido a las evidentes carencias y a la fragilidad de nuestro sistema de salud, la atención de las personas con este diagnóstico era ya difícil antes de la llegada del covid", señala la Defensoría.

El pasado 10 de agosto, el presidente Pedro Castillo promulgó la Ley Nacional del Cáncer, que tiene por objetivo garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todas las personas con enfermedades oncológicas, indistintamente al tipo de cáncer que padezcan, con la finalidad de asegurar el acceso al derecho fundamental a la salud en igualdad de condiciones y sin discriminación.

Esto implica que los pacientes oncológicos tendrán atención integral, que incluye la prevención, control y atención oncológica de todo tipo. Para ello, a través del Minsa, el Poder Ejecutivo deberá formular, implementar y evaluar la Política Nacional de Lucha contra el Cáncer (PNC). La PNC incluye también a los cuidados paliativos que necesitan los pacientes oncológicos e impulsa la investigación en temas relacionados al cáncer. Además, los pacientes oncológicos piden la creación de una Red Oncológica Nacional, un Registro Nacional de Pacientes con Cáncer y un Banco Nacional de Tumores.

Además, esta Ley estableció la responsabilidad del Estado en formular, implementar y evaluar la Política Nacional de Lucha contra el Cáncer, donde se establezcan los indicadores y estándares mínimos de una atención integral oncológica que permita medir la oportunidad del diagnóstico y del inicio del tratamiento, así como vigilar y exigir su cumplimiento. Es decir, la Ley Nacional del Cáncer es crucial para mejorar el acceso y cobertura integral para las personas en el actual contexto de la pandemia.


[Foto de portada: Andina]


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