El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Constitucional (TC) con la finalidad de anular la condena e inhabilitación por corrupción que se le impuso por sus actos cuando fue gobernador regional de Junín. Hace solo unas semanas la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica declaró improcedente la anulación de la sentencia de cuatro años de prisión suspendida contra Cerrón.

Con este recurso, ingresado el último martes al TC, el dirigente de Perú Libre busca que se anule su sentencia que se le impuso al ser encontrado responsable del delito de negociación incompatible en agravio del Estado Peruano-Gobierno Regional de Junín. Asimismo, intenta dejar sin efecto una medida de inhabilitación por un año para asumir cargo público, que viene siendo judicializado por parte del expresidente regional.

Recientemente, Cerrón apeló la decisión del Quinto Juzgado Anticorrupción de Junín que rechazó su pedido para dar por cumplida dicha pena accesoria, debido a que las entidades implicadas no habrían sido notificadas con la medida y por ende, no habría surtido efecto, informó El Comercio. 

De ser acogido su recurso en el TC, Cerrón quedaría exento de responsabilidad penal y habilitado  para desempeñar cargos públicos. “Que el Tribunal Constitucional conforme al último párrafo del artículo 20° del Código Adjetivo Constitucional REVOQUE la sentencia de vista contenida en la resolución N°14 de fecha 28 de junio de 2021, y procediendo a pronunciarse sobre el fondo de la demanda de Hábeas Corpus la declare FUNDADA en mérito a los fundamentos de hecho y de derecho que se expondrán en líneas posteriores”, señala el habeas corpus.

Josué Gutiérrez, abogado de Vladimir Cerrón, aseguró que el hábeas corpus presentado no es una “maniobra” para obtener algún cargo público en el gobierno del presidente electo Pedro Castillo. En declaraciones a Canal N, manifestó que el recurso presentado está “ajustado a ley” y la decisión de recurrir al TC es la necesidad de buscar el “debido proceso” y garantizar el “derecho a la defensa”.

“No es maniobra, el acto de la legítima defensa no es maniobra. El acto que está apegado a la ley no es maniobra. Maniobra es instrumentalizar a los medios de comunicación para que hagan acusación indebida, formalizar e instrumentalizar a los medios públicos para que se conviertan en entes de ataque a los líderes políticos y eso no lo vamos a aceptar de ninguna manera”, indicó el bogado.

“Todo lo que está ajustado a ley no es una maniobra. Maniobras son hechos que pueden ser contrarios al procedimiento y a la ley, pero cuando uno recurre a la instancia jurisdiccional buscando tutela, cuando uno recurre buscando el debido proceso y el derecho a la defensa, no es maniobra”, agregó.

DATO:

Además, Vladimir Cerrón debe pagar una reparación civil de S/850 mil que se le impuso como parte de su condena en 2019. Con ayuda de sus correligionarios, hasta el momento, ya ha abonado S/650 mil en menos de dos años.

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