El Poder Judicial ordenó al Congreso de la República que suspenda de forma provisional la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en atención a una demanda que fue presentada y que busca anular el proceso que iba a realizarse en los plenos de los días 7 y 8 de julio y cualquier otro acto parlamentario que tenga como finalidad “nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional hasta que sea el nuevo Parlamento quien lleve a cabo dicha tarea”.

Más temprano la jueza Soledad Amparo Blácido Báez, del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima, había admitido a trámite la demanda de amparo presentada por el abogado Walter Ayala contra la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez; el presidente de la comisión especial para el proceso de evaluación de candidatos al TC, Rolando Ruiz; y el procurador público del Poder Legislativo.

Como se sabe, la Oficialía Mayor del Congreso convocó formalmente y publicado la agenda para los plenos de los días 7 y 8 de julio, en los cuales se incluyó el debate para votar la selección de nuevos miembros del Tribunal Constitucional entre los quince candidatos que superaron todas las etapas del proceso de la comisión especial.

En la resolución publicada este martes, que otorga la medida cautelar y ordena paralizar la elección de magistrados, la jueza constitucional le otorgó la razón a Walter Ayala en el sentido de cuestionar que la comisión especial no haya publicado de manera transparente la calificación y justificación de los puntajes otorgados a los postulantes para el TC.

La resolución tiene como objetivo “la nulidad de cualquier acto parlamentario del Congreso de la República que tenga como finalidad nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional hasta que sea el nuevo parlamento quien lleve a cabo dicha tarea”. Asimismo, se otorgó un plazo de cinco días al Congreso con el fin de que pueda contestar a la demanda, la cual sostiene que existe “una vulneración al derecho de tener una justicia justa y transparente en el sistema constitucional del país”.

Entre los argumentos, la magistrada señala que la Comisión Especial para al elección de los magistrados del máximo órgano constitucional estaría “deslegitimada” desde el 14 de noviembre de 2020. En ese sentido, determinó que “la demanda será analizada desde la perspectiva de la aparente vulneración del derecho a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales”.

(Foto: Andina)

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