La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes su preocupación ante los actos de discriminación y hostigamiento reportados durante la segunda vuelta electoral en Perú. A través de un comunicado difundido por la Organización de los Estados Americanos (OEA), exhortó a las autoridades a observar su deber internacional en materia de derechos humanos.

Asimismo, destacó que, durante su labor de monitoreo del proceso electoral, reportó la difusión de discursos estigmatizantes que alientan a la discriminación, principalmente contra personas indígenas y habitantes de zonas rurales del país. 

La CIDH resaltó la existencia de mensajes de amendrentamiento y prácticas de "doxing", que consisten en divulgar por redes sociales y sin previo consentimiento información personal de figuras políticas "a fin de obligarlas a abandonar el territorio nacional como represalia por sus afiliaciones u opiniones políticas".

Como se sabe, en los últimos día, simpatizantes de Fuerza Popular han liderado estas acciones en diversas personalidades del periodismo y políticas, al darse resultados no favorables a su candidata Keiko Fujimori. Entre los afectados estuvieron los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, y la Oficina de Procesos Electorales (ONP), Piero Corvetto. Así como también el fiscal José Domingo Pérez y las periodistas Jacqueline Fowks y Paola Ugaz. 

"Por ello, el CIDH llama al Estado a brindar las más amplias garantías para que periodistas y medios de comunicación desempeñen su labor, que resulta crucial con contextos electorales", expresó el órgano principal y autónomo de la OEA.

Por otro lado, la comisión exhortó al Estado a cumplir con su deber de garantizar la igualdad y no discriminación contra grupos "en situación de vulnerabilidad en contextos electorales". Instó, de esta manera, a las instituciones gubernamentales a observar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, tal y como establecen la Convención Americana de Derechos Humanos u otros tratados internacionales.

Hace una semana, la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Violeta Bermúdez, mencionó que el Poder Ejecutivo coordina acciones para no permitir más reuniones cercanas a locales de centro de vacunación. Como se sabe, en dos fechas, el Ministerio de Salud tuvo que cerrar estos establecimientos, que programan a los adultos mayores a protegerse de la COVID-19, al presentarse marchas de simpatizantes de partidos políticos en la zona.

En este link pueden ver el pronunciamiento completo 

(Foto: Andina)

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