El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que propone establecer una cuarta legislatura para el periodo de sesiones 2020-2021. La propuesta fue aprobada con 75 votos a favor, 33 en contra y 5 abstenciones. A pedido del presidente de la Comisión de Constitución, Luis Valdez, se exoneró de segunda votación de la norma que busca ser aprovechada por algunas bancadas para dar luz verde para el retorno a la bicameralidad, regulación de cuestión de confianza y modificación de la vacancia presidencial.

El proyecto de ley para establecer una cuarta legislatura propone modificar la tercera disposición transitoria del reglamento del Congreso y ampliar el periodo anual de sesiones. Su finalidad es “agregar una legislatura adicional al periodo parlamentario” para “aprobar diferentes reformas constitucionales” que deben darse en dos legislaturas continuas.

La sesión fue dirigida por la congresista Matilde Fernández, quien detalló que para que se apruebe requería del respaldo de más de la mitad del número legal de legisladores, es decir, 66 votos. La titular del Parlamento, Mirtha Vásquez, bajó a su escaño para pedir las reflexión de sus colegas y que estas reformas se puedan revisar con especialistas, luego de la instalación del nuevo Congreso.

Vásquez recalcó que la ciudadanía rechazó la bicameralidad en referéndum, agrega que la cuarta legislatura puede tener problemas de constitucionalidad y subraya que toda decisión debe tener legitimidad. “Somos un Congreso unicameral y una reforma constitucional, cuando no hay un Senado, necesita reflexionarse de manera adecuada, ese es el sentido de tener dos legislaturas separadas y en ese sentido quiero decirles que esta reforma tenemos que trabajarla de manera muy cuidadosa”, añadió.

Durante el debate, Luis Valdez (Alianza para El Progreso) resaltó la importancia de revisar reformas que necesitan de una segunda votación para su aprobación. "El día de ayer aprobamos una ley de reforma constitucional que aportará a la lucha contra la corrupción, reformas como decían algunos parlamentarios que llevan años de espera y necesitan de una segunda votación. Yo les pregunto: ¿Por qué no hacer realidad el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción?”, cuestionó.

Asimismo, Valdez respondió a quienes criticaron esta iniciativa y consideró que se busca intimidarlos en el trabajo parlamentario. “Resulta que ahora agentes externos que no han sido elegidos para legislar y, por tanto, ilegítimos, para ellos, quieren intimidarnos para que no hagamos nada y que las cosas queden tal como están, estos agentes externos e ilegítimos para comenzar, quieren imponer una agenda al Congreso de la República y para ello asustan en los medios y redes sociales para intimidar a los señores congresistas”, enfatizó.

¿Qué hay detrás de la cuestión de confianza y la regulación de la vacancia presidencial por incapacidad mora?

El último 11 de mayo la Comisión de Constitución aprobó el proyecto que reforma cuestión de confianza con 11 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. El texto señala que la aprobación o rechazo de una cuestión de confianza solo podrían ser declarados por el Parlamento, luego de una votación.

Además, el proyecto de ley señala que el presidente del Consejo de Ministros ya no tendría la capacidad de hacer cuestión de confianza para que se apruebe un proyecto de Ley. Esto significa, además que la acumulación de dos negativas de este mecanismo para que el Ejecutivo disuelva constitucionalmente el Parlamento sería más difícil de obtener.

Según informe de El Foco, la aceleración a la regulación de la vacancia presidencial por incapacidad moral es un pedido expreso que Keiko Fujimori le hizo a César Acuña en sus negociaciones previas al apoyo que fue anunciado por APP con miras a la segunda vuelta que disputa la lideresa del fujimorismo con el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo.

De llegar a ganar a la Presidencia de la República, Keiko Fujimori no podría evitar -con sus 24 congresista- si la figura de la incapacidad moral es usada en su contra (como fue en el caso del expresidente Martín Vizcarra), teniendo en cuenta el pedido de la fiscalía de 30 años de prisión por los delitos de lavado de activos y organización criminal en el marco de la investigación por aportes ilícitos durante sus campañas.

(Foto: Andina)

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