Luego de anunciarse que habría segunda vuelta entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), trabajadores empezaron a denunciar, aunque de manera anónima, supuestos condicionamientos que les estarían imponiendo sus empleadores para intentar influir en su voto por alguno de los candidatos presidenciales. Sin embargo, el último martes, un empresario tuvo una propuesta a través de la red social LinkedIn.
"Todas las empresas deberíamos anunciar a los colaboradores un bono de éxito si Keiko gana la presidencia. El motivo lo amerita: celebración por poder mantener los puestos de trabajo, salvarnos del comunismo y un narcoestado (Vraem) que destruiría el modelo de manera permanente y el futuro de nuestros hijos y nietos", escribía en LinkedIn, Juan Pablo Delgado, ejecutivo de Nugent & Delgado, y que tiene experiencia como Miembro del Comité Regulatorio Laboral
El ejecutivo tomaba como ejemplo el caso ecuatoriano.
"Los empresarios ecuatorianos lo hicieron en circunstancias similares cuando el movimiento chavista (Correa) estaba por encima en las encuestas contra el líder conservador y a dos semanas de la segunda vuelta", agregó.
Para el empresario, la candidatura de Castillo sería una "gran amenaza".
"El esfuerzo que hagamos lo amerita por la gran amenaza y disyuntiva en la que nos ha puesto el 30% de la población. Es decir la minoría", finalizó el ejecutivo en una publicación que posteriormente borró de su red social ante las críticas.
Si bien esta declaración de un empresario no es un hostigamiento expreso hacia algunos de sus trabajadores, sí refleja la intención de un sector de empleadores que está preocupado por sus intereses en base a temores que siente hacia el candidato de Perú Libre.
En el Artículo 356 del Código Penal Peruana se define como un delito contra el derecho de sufragio lo siguiente:
"Inducción a no votar o hacerlo en sentido determinado"
El que, mediante dádivas, ventajas o promesas trata de inducir a un elector a no votar o a votar en un sentido determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.
Ante las críticas en LinkedIn, el ejecutivo en mención le dijo a un usuario que lo estaba difamando y sacando de contexto su opinión. Además, en respuesta a otro usuario que le citaba el Código Penal, respondió de manera similar:
"Tus insinuaciones tienen un sesgo difamatorio. Esto también está penado penalmente. Mejor entra al terreno de los argumentos y no como los líderes de Perú Libre que se van por la tan gente o el “pueblo lo decidirá.", escribió.
En otro comentario (borrado también), el ejecutivo se ratificaba en su estrategia para influir en el proceso electoral. Además, manifestó creer que en las aulas de los colegios se influencia con determinada ideología.
"Es motivo de celebración no volvernos comunistas y destruir 30 años de crecimiento y ese crecimiento pudo ser mejor si se hubiera pensado más en educación de calidad y salud como prioridad para todos. Lamentablemente, se infiltró el Sutep y ahora tenemos muchos jóvenes influenciados, no instruidos, por profesores como Pedro Castillo. La generación perdida", comentó en respuesta a otro empresario que decía que también habría que decirle a los trabajadores que si no gana Fujimori, se ejecutaría una reducción de personal.
Sobre esta última propuesta, aclaró:
"No, pero eso vendría naturalmente con la aplicación estatista y comunista de Perú Libre. Se cortarán las importaciones de insumos, maquinarias, la empresa privada y exportaciones. No habrá mercado naturalmente. Nuestro ejemplo más cercano es Venezuela, podrías confirmar con cualquiera del millón de venezolanos en Perú".
El último martes, el candidato presidencial Pedro Castillo firmó un compromiso sobre derechos laborales con el Bloque Intersindical de Defensa de los Derechos Humanos de los Trabajadores en Perú.
[Foto de portada: Andina]
Notas relacionadas en LaMula.pe:
Presentan libro sobre los "esclavos del siglo XXI", los repartidores de delivery en Perú
Trabajadores de construcción denuncian ser coaccionados para votar por Fujimori
Sánchez: Gobiernos de los últimos cuarenta años no han garantizado los derechos de los trabajadores
