Según la Defensoría del Pueblo, entre los años 1996 y 2001, se realizaron 272,028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías en todo el país como parte de un plan del Ministerio de Salud (Minsa) en la gestión de Alejandro Aguinaga durante la dictadura de Alberto Fujimori. Se calcula que más de 2,000 mujeres fueron esterilizadas de manera forzada al ser intervenidas sin la debida información, con engaños o sin su consentimiento. Las víctimas consideran que este fue un caso de lesa humanidad, ya que afectó específicamente a un sector vulnerable de la población: mujeres campesinas, indígenas, pobres y quechua-hablantes.
En los últimos veinte años, las víctimas de esterilizaciones forzadas vienen superando obstáculos en la investigación y en las denuncias contra Aguinaga, Fujimori y otros funcionarios que serían responsables de estos crímenes.
Las esterilizaciones forzadas no son un mito. El Estado peruano ha reconocido la comisión de estos delitos a través del Plan Integral de Reparaciones para las víctimas de violencia sexual, recientemente aprobado por el Congreso en febrero pasado. Además, en el 2015, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) creó el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), con el objetivo de brindar asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y la atención de salud integral de las víctimas.
A pesar de ello, la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) dijo, en declaraciones a la prensa, que las no se deberían llamar "esterilizaciones forzadas" porque, según ella, esto era un programa de "planificación familiar".
"En el caso del proceso que se está llevando sobre el mal llamado esterilizaciones forzadas, eso fue un plan de planificación familiar, son investigaciones que se vienen llevando a cabo desde hace veinte años", dijo Fujimori el último viernes.
"Se han archivado en cuatro oportunidades, pero por su puesto que somos respetuosos de las decisiones que autónomamente tome el sistema de justicia, ya sea el Ministerio Público o el Poder Judicial. Y de acuerdo a eso, actuaremos. Esperaremos la resolución judicial para poder tomar una decisión", agregó.
Recordemos también que, en el 2003, el Estado peruano reconoció su responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) por la esterilización forzada de Mamérita Mestanza, ciudadana que perdió la vida tras ser esterilizada sin su consentimiento, sin exámenes previos y bajo amenazas.
Familiares de víctimas de otros crímenes de la dictadura de Fujimori, como Gisela Ortiz, ya habían advertido sobre el negacionismo que persiste en el fujimorismo.
"Es un discurso no solamente de negación, es el negacionismo frente a los crímenes y violaciones a los derechos humanos, y de mucho odio sobre las víctimas como si fueran los culpables de los crímenes que se cometieron y contra los familiares que hemos activado nuestro derecho a la justicia", dijo Ortiz en el programa 'La Resaca'.
Gisela es hermana de Luis Enrique Ortiz, estudiante de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, secuestrado, asesinado y desaparecido en la matanza de La Cantuta, cometida por el Grupo Colina y por el que Fujimori ha sido condenado como autor mediato.
A continuación, compartimos algunos reportajes sobre los casos de esterilizaciones forzadas cometidas durante la dictadura de Fujimori:
[Foto de portada: Andina]
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